La justicia y la mirada social del Papa Francisco se encontraron en la UBA
Ante un numeroso público que colmó el Salón Auditorium de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, magistrados y funcionarios del Poder Judicial junto a integrantes de organizaciones no gubernamentales y la Iglesia Católica, dialogaron acerca del mensaje del Papa Francisco y los derechos sociales
La actividad comenzó, esta mañana, con la salutación de S.S. el Papa Francisco y continuó con las palabras del vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y exconsejero, Juan Pablo Más Vélez y del H.E. Msgr. Marcelo Sánchez Sorondo, titular de la Pontificia Academia de Ciencias. Luego, fue el turno del titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n.° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Andrés Gallardo y de la Defensora General Adjunta en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Graciela Christe, quienes dieron la bienvenida en representación del Comité Organizador y del Comité Académico, respectivamente.
El magistrado aseguró que los une la misma preocupación, saber «cómo hacer para concretar en millones de compatriotas los derechos sociales«. Y se preguntó acerca de cómo hacer para que, «la salud, la alimentación, la educación, la vivienda y el trabajo, entre otros derechos humanos, se hagan realidad en todo nuestro pueblo». Luego señaló que, «el Papa nos indica un conjunto de pautas de labor, un método, para trabajar de aquí en mas y (…) en ese camino, los operadores jurídicos -abogados, jueces, defensores, fiscales y asesores pero también los docentes y estudiantes- deberíamos intentar el diseño de una nueva identidad, que debe partir de la premisa que marca Francisco acerca de la supervivencia del hombre y del planeta». «Estamos frente a la necesidad de un verdadero derecho de la supervivencia«, explicó.
«El Papa nos inspira, no solo con sus teorías y doctrinas sino con sus prácticas coherentes y reiteradas. Francisco simplifica, nos enseña un nuevo lenguaje de cercanía y comprensión, descontracturado, despojado de formalidades innecesarias, que es algo que nos hace falta en nuestra labor cotidiana», subrayó el juez porteño. «Lo justo tiene que entenderse siempre y por cualquiera. Cuando las palabras retuercen los mensajes y las justificaciones se envuelven con cinco papeles, seguramente no es justicia lo que está en su interior», concluyó.
A las 11:40, comenzó la mesa «Las tres “T”: Tierra, Techo y Trabajo como derechos operativos», del que participaron el defensor general Horacio Corti; la camarista Fabiana Schafrik y la jueza Elena Liberatori.
La presentación corrió por cuenta de la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Cecilia Mólica Lourido, quien señaló que los integrantes del panel «son personas que desde los distintos lugares que ocupan y han ocupado en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario han tenido un rol preponderante en la búsqueda de la eficacia de los derechos sociales». Además, expresó que «el documento que opera como disparador de reflexiones en esta mesa es el discurso del Papa Francisco ante los movimientos sociales en Santa Cruz de la Sierra. En este documento, Francisco propone un cambio en el que nos invita a tomar parte y nuestros panelistas han sabido aplicar y ejecutar su lugar de responsabilidad en la generación de ese cambio». Concluyó advirtiendo que el cambio «consiste en pasar al paradigma de la operatividad de los derechos sociales de una manera concreta, con obras, como nos dice Francisco».
La jueza Liberatori -expuso acompañada por su escribiente Juan Martín Miraldo a causa de una severa disfonía-, sostuvo que Tierra, Techo y Trabajo son «derechos sagrados». En especial, profundizó sobre el derecho a la vivienda digna, el cual sostuvo que «es un derecho de rango constitucional, personalísimo, que hace a la dignidad del ser humano». «Visto desde la perspectiva del mundo de la satisfacción se encuentra protegido y vigente, pero visto desde la perspectiva de las necesidades básicas insatisfechas presenta un enorme déficit, en relación a muchas personas que la propia Constitución de la Ciudad denomina como integrantes de la pobreza típica», indicó.
A continuación, Schafrik expuso en torno al tópico Tierra, «un derecho basal, que tiene que ser visto de manera olística, ya que no solamente es acceder al agua sino es tener una identidad, un respeto a la cultura». «Es tener un derecho a no ser discriminado, es tener dignidad«, sumó. Con un fuerte foco en los pueblos originarios, se refirió a distintos instrumentos internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos: «En el derecho a la propiedad incluye el derecho de las comunidades a que le sea reconocida el derecho a sus tierras; no es solo una relación material, física, sino espiritual, de cultura. Así se reconoce derecho a la propiedad colectiva, que no le pertenece a cada uno sino al grupo en su conjunto«, detalló. También precisó que «a pesar de la importancia que tiene el derecho a la tierra, es uno de los que no está expresamente reconocido como tal en los instrumentos internacionales de derechos humanos y que no surge como tal en forma explícita».
A partir de las 12:20, el juez Contencioso Francisco Ferrer presentó a los expositores de la mesa «Medio ambiente y cuidado de la casa común», el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, Carlos Balbín; la jueza del mismo fuero, Alejandra Petrella y la defensora Mariana Pucciarello.
El titular del Juzgado n.° 23 señaló que “en Laudato Si, existe una vocación constante de crear un universo antagónico al que nuestros Estados sostienen, toleran o soportan en materia ambiental». Y explicó que los ejes sobre los que transcurre la encíclica son: «la íntima relación entre pobres y la fragilidad que tiene el planeta, la convicción de que en el mundo todo está conectado y la crítica al nuevo paradigma al que se ha hecho mención en el panel anterior, que deriva de la tecnología».
A su turno, la jueza Petrella invitó a reflexionar sobre el ambientalismo que «quedó como una temática moderna, de la que todo el mundo hablaba, pero de la que pocos sabían». «Hablar del cuidado del ambiente, en un país federal como el nuestro, impone analizar una temática absolutamente multifactorial, implica entender desde la expropiación de los recursos naturales, y en esto tenemos contadas situaciones en las que la degradación ambiental ha causado daños inmensurables, como el caso de la explotación a cielo abierto, la contaminación de los ríos; hasta la problemática urbana que es la que más tratamos, y es aplicar -justamente- la cuestión del cuidado de la casa común«, especificó, y señaló que «el crecimiento desigual de las ciudades es, justamente, lo que genera la denominada exclusión. Y que quienes más lo sufren o más lo padecen los que menos recursos tienen».
La magistrada enunció tres ejes de análisis; primero, «el derecho ambiental enmarcado en los derechos económicos sociales y culturales desde una mirada sistémica». Segundo, hizo hincapié en que «la violación del derecho ambiente implica una violación a la dignidad humana» y por último, «la integración del derecho ambiental en la agenda pública, a través de la existencia de políticas públicas. Hoy, el tema ambiental no integra la política de ningún gobierno, ni del nacional, ni de los provinciales. La Constitución lo dice claramente, el Estado es el garante del equilibrio ambiental”, concluyó.
El cierre de las exposiciones estuvo a cargo del presidente de la Cámara, quien lamentó que solo se estudiara un Derecho Positivo y no «el marco contextual en el cual se desarrolla ese Derecho», dijo. «Porque aquí en la Facultad no nos hablan de la crisis de la Modernidad. Y el Derecho, evidentemente tiene que ubicarse dentro de la Modernidad, y de su crisis, que es básicamente la de la razón instrumental«, especificó.
«Desde mi perspectiva el Derecho se ha mercantilizado, esto quiere decir que el Derecho se piensa desde el mercado, la influencia de la economía sobre el Derecho es mucho más fuerte de lo que nosotros percibimos o incluso creemos. Los derechos no pueden ser medidos en términos de costo beneficio o a través de las leyes del mercado», subrayó Balbín. «Existe una demonización del Derecho Público y una tendencia al Derecho Privado, que representa el interés privado; y por otro lado, el Derecho Público que representa el bien común, del cual habla el Papa«, analizó, a la vez que concluyó, «tenemos que repensar el Derecho desde una concepción ético-filosófica. Ya que un Derecho útil, es aquel capaz de ayudar a resolver el problema de la desigualdad”.
La actividad fue declarada de interés institucional por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires (Res. 379/18) y el Centro de Formación Judicial (Res. 24/18).-
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