Amparo por reclamo edilicio y de seguridad en Escuela n.º 18 DE n.º 21 «Jorge Newbery»

La titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires n.º 22, María Rosa Cilurzo, resolvió ordenar una serie de medidas de difusión sobre la existencia de un amparo, cuya carátula es «Francia Mónica Viviana y otros c/ GCBA s/ amparo-educación-temas edilicios» Exp 6074/2017-0, en trámite ante la Secretaría Nº 43, a cargo de Gustavo H. Amestoy.

En los autos, las amparistas cuentan con el patrocinio letrado de la Defensoría n.º 1 ante los Juzgados de Primera Instancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, que encabeza Alejandra Lampolio. Promovieron dicha acción contra el GCBA, «con el objeto de que cese su inacción con respecto a la Escuela de Jornada Completa Nº 18, Distrito Escolar Nº 21, ‘Jorge Newbery'». La escuela es una institución pública de nivel primario, dependiente de la Dirección de Educación Primaria del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y cuenta con jornada completa y actividades de granja y huerta.

A la vez, solicitaron se ordene al GCBA que: «a) Cese en su omisión de ejercer sus facultades de policía con relación a la escuela, en lo que respecta a la infraestructura y las medidas de seguridad y, además, que se cumpla con el decreto 332/15 mediante el cual se aprobó y adjudicó la licitación pública Nº 137/SIGAF/2015 para la realización de ‘tareas previas, tareas de pintura y tareas de mantenimiento’ en el edificio donde funciona el establecimiento educativo; b) Presente al Juzgado, en el plazo de treinta (30) días de que quede firme la sentencia definitiva, los proyectos de obras actualizados –y en su caso el estado de avance de los que se estuvieran ejecutando- tendientes a dar solución a las irregularidades detectadas en lo que hace a las acciones de mantenimiento necesarias para garantizar la conservación y el funcionamiento del establecimiento escolar; y c) Instrumente, en el plazo de treinta (30) días de quedar firme la sentencia, un sistema de inspecciones en el establecimiento que asegure la participación simultánea de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Educación de la Ciudad (…), de la Dirección General de Fiscalización y Control del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad y del cuerpo de Bomberos de la Ciudad. Asimismo, para el caso de que se detectaran irregularidades en la infraestructura edilicia o en las medidas de seguridad, requieren que la Administración presente al Juzgado los proyectos de obras que correspondan, dentro de los treinta (30) días siguientes de finalizada la inspección».