El pasado 2 de septiembre, en el Salón Azul del Senado de la Nación, se llevó a cabo una reunión plenaria de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda. El objetivo del encuentro fue abordar y dictaminar los acuerdos suscriptos el 3 de julio entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires relativos a la transferencia progresiva de competencias jurisdiccionales del Poder Judicial de la Nación al Poder Judicial Local
El debate se centró en el tratamiento de dos expedientes: el «Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Criminal y Correccional de Menores» y el «Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales». Las exposiciones contaron con la presencia de representantes del Ejecutivo, magistrados nacionales y funcionarios porteños, quienes analizaron las implicancias institucionales y constitucionales de la medida.
La representación del Poder Judicial de la Ciudad estuvo encabezada por el Dr. Javier Alejandro Buján, Presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas (PPJCyF). El magistrado entregó acordada que acompañaron los doce jueces que integran el tribunal y aprovechó la ocasión para acercar a los legisladores registros estadísticos oficiales de respaldo.
Al iniciar su exposición, el Dr. Buján presentó dos pronunciamientos formales: «Una es el pronunciamiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad en el cual exhorta a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados a la aprobación de este convenio y manifiesta estar en condiciones de asumirlo; y otra del cuerpo que tengo el honor de presidir, con las mismas consideraciones, y firmada por la totalidad de los doce jueces de Cámara».
Asimismo, el titular de la Cámara informó sobre la entrega de informes estadísticos a la comisión para detallar el trabajo del Poder Judicial porteño en los últimos 20 años. Tras desestimar los cuestionamientos sobre presuntas faltas de recursos o especialidad, el magistrado aseguró: «En estos treinta años de ejercicio jurisdiccional, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires pudo demostrar que tiene un sistema acusatorio que funcionó y que bajó el tiempo de resolución de los casos, trabajando con excelencia».
El Dr. Buján puso especial énfasis en la coyuntura del fuero infantojuvenil frente al inminente cambio normativo nacional. «Tenemos una nueva ley que, además de la baja en la edad de imputabilidad, extiende esto a todos los delitos, y de hecho esto es nueva materia penal; la materia penal nueva es de competencia de la Ciudad Autónoma», afirmó, y remarcó: «Estamos en condiciones de asumir esa competencia (…) con un régimen interdisciplinar, con posiciones de avanzada como las de la Ley 2.451, como las prácticas restaurativas».
«No sólo estamos en condiciones de asumir nuevas competencias penales: estamos en mejores condiciones de asumirlas. Tenemos mejores normas, pero fundamentalmente lo que tenemos es que cumplir con la Constitución Nacional», subrayó Buján, al tiempo que advirtió que no es sostenible que jóvenes en el mismo territorio tengan diferentes regímenes y estructuras institucionales para ser asistidos según el fuero que intervenga, y sostuvo enfáticamente la necesidad de pensar en quién importa: “los jóvenes”.
El panel de la jurisdicción porteña se completó con la disertación de la jueza en lo Penal Juvenil (en uso de licencia) y actual Secretaria General de Investigaciones y Relaciones con las Fuerzas de Seguridad del Ministerio Público Fiscal, Dra. Bárbara Moramarco Terrarossa. La funcionaria destacó que el Poder Judicial local ya ha transitado tres convenios previos, lo que otorga el ejercicio necesario para esta nueva etapa. «La autonomía plena de la Ciudad la reclamamos. Tenemos el músculo institucional para hacernos cargo. Exhortamos y pedimos que se cumplan estos convenios», enfatizó. A su turno, el subsecretario de Finanzas del Ministerio de Hacienda porteño, Eloy Aguirre Rébora, brindó las precisiones presupuestarias correspondientes y sostuvo la necesidad de transferencia con recursos.
Tras las ponencias de los más de diez expositores, los senadores firmaron los dictámenes favorables de ambos convenios, dejándolos habilitados para su tratamiento en el recinto de la Cámara alta.
Alcances de los convenios
De ser ratificados por ambas cámaras del Congreso Nacional y por la Legislatura porteña, la Ciudad asumirá la competencia plena sobre todos los delitos no federales cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años.
Por su parte, el Cuarto Convenio de Transferencia de Competencias Penales incluye el juzgamiento de delitos contra el honor (calumnias e injurias); contra la integridad sexual (abusos, corrupción, prostitución y explotación); contra la libertad (reducción a la servidumbre, privación ilegítima, sustracción de menores); y contra la seguridad del tránsito. También abarca leyes especiales, como la de Propiedad Intelectual, el Ejercicio Ilegal de la Medicina Veterinaria y la Protección de Fauna Silvestre.
