El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se reafirma en sus estándares democráticos
El titular del juzgado n.° 18 en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Marcelo López Alfonsín, quien es Doctor en Derecho y profesor adjunto de «Derechos Humanos y Garantías» en la Universidad de Buenos Aires, expone su mirada sobre la actualidad en la región
Tres elementos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos son constitutivos de sus mecanismos de protección: 1) el derecho a la información, 2) la libertad de expresión, y 3) la democracia republicana. Los tres constituyen estándares imprescindibles para que un sistema político sea considerado democrático en los términos de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde que la Asamblea de este organismo regional la considera parte del corpus iuris de nuestro derecho internacional. Muchos fueron los desafíos a la vigencia de los dos primeros elementos [1], pero hoy los nubarrones parecen acechar al tercero en al menos dos países latinoamericanos.
En Nicaragua, un informe especial de un grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es lapidario en cuanto a las violaciones sistemáticas que el régimen represivo de Daniel Ortega ha venido imponiendo en forma agravada desde abril del año pasado. Cabe recordar que hoy no existen controles internacionales sobre el sistema político imperante, atento a la expulsión del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y –a fin de 2018- del propio grupo designado por el Secretario Ejecutivo de la CIDH. Es muy triste decirlo, pero el régimen sandinista ha reemplazado virtualmente a la dictadura de Anastasio Somoza a la que doblegó por vías revolucionarias hace 40 años.
En respuesta a esta dramática situación, el Secretario General de la OEA, el uruguayo Diego Almagro, ha convocado al Comité Permanente para evaluar la suspensión de Nicaragua como miembro de esta organización, en aplicación a la mencionada Carta Democrática Interamericana del 2001.
En Venezuela, el denominado “Grupo de Lima” [2] se ha pronunciado por la ilegitimidad del mandato de Nicolás Maduro, y adelantó que no reconocerán a su gobierno por ser producto de elecciones fraudulentas “por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente”. En el reciente documento, varios paises han reafirmado su “inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela”, resaltando que “sólo a través del pleno restablecimiento, lo más pronto posible, de la democracia y el respeto de los derechos humanos se podrán atender las causas de la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país”. En cuanto al corpus iuris interamericano, hacen un llamado a todos los países miembros de la OEA a reafirmar su apoyo a la propia Carta de la OEA y a la Carta Interamericana a fin de contribuir al restablecimiento del orden democrático en Venezuela.
La contradicción de procesos revolucionarios que parecen llegar a su final con sus pueblos en peores condiciones de vida de cuando se iniciaron es patética.
Es el momento, pues, de reafirmar una vez más al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ése que ha permitido salvar tantas vidas desde sus comienzos, como verdadera bandera de reivindicación de la dignidad humana y del régimen político que a lo largo de la historia más cerca está de reflejar los valores de libertad, igualdad y fraternidad.-
[1] Nos referimos oportunamente a este tema en “El Sistema Interamericano está alerta en defensa de la democracia y la libertad de expresión. A propósito de un informe de la Relatora Interamericana para la Libertad de Expresión sobre la Ley Mordaza en Ecuador” y “Una oportunidad desaprovechada para consolidar el paradigma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión” (en colaboración con Elisabeth Berra). También en “A propósito de la designación del nuevo Relator Interamericano para la Libertad de Expresión” y “No nos hagamos los distraídos: el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está en peligro”.
[2] Conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. México, también integrante, no firmó el documento aquí mencionado.
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