Las alertas regionales en defensa de la democracia y los derechos humanos funcionan
La reciente reunión del denominado “Grupo de Lima” en la Ciudad de Buenos Aires, integrado por 14 países de la región, culminó con un nuevo llamado a una transición democrática en Venezuela. El tono de la declaración final suscripta por los cancilleres no deja espacio a la duda: hizo propio el informe final de la visita a ese país del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la expresidente chilena Michelle Bachelet, solicitó que el mismo sea analizado por la Corte Penal Internacional y se expresó por una convocatoria al Consejo de Seguridad de la ONU para tratar en forma urgente la crisis venezolana.
Esta declaración se suma a la firmada en el cierre de la última reunión de presidentes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) realizada en la ciudad de Santa Fe con la presidencia pro tempore de nuestro país, en el que Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile (este último como miembro asociado) llamaron a una solución pacífica a la crisis humanitaria que está padeciendo el pueblo venezolano, y a una pronta convocatoria a elecciones limpias para terminar con lo que calificaron como un “régimen dictatorial”. Solamente Bolivia –otro miembro asociado- no suscribió el documento final en este punto.
Es que más allá de las cuestiones diplomáticas en el marco de las relaciones internacionales de cada Estado, en el que algunos han tomado una posición más firme de apoyo al presidente encargado Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional, y otros son más reacios a enfrentar al régimen de Nicolás Maduro, hace rato que el tema Venezuela pone en jaque a las bases mismas del sistema democrático. Primero con un avance sobre la libertad de expresión[1] -en forma contemporánea con el gobierno de Rafael Correa en Ecuador y su “ley mordaza”-, después cuestionando la legitimidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en especial el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) [2] y en el último tiempo con la persecución y muerte de casi 7.000 víctimas desde enero de 2018 a junio de 2019, tal como evidencia el informe Bachelet conforme el mandato otorgado por la comunidad internacional.
Esta crisis democrática y de derechos humanos es justamente la que llevó a países de la región a conformar el “Grupo de Lima”. Este paso se dio simultáneamente con las alertas que se encendieron en el seno de la Organización de los Estados Americanos en relación con la situación en Nicaragua. Otra crisis humanitaria que desde abril del año pasado se viene agudizando, con una inmensa cantidad de presos políticos perseguidos por el régimen de Daniel Ortega y clausura de medios de comunicación que disparó los mecanismos establecidos para estas circunstancias por la Carta Democrática Interamericana[3].
Lamentablemente parece que el afianzamiento de los valores democráticos está nuevamente puesto en riesgo en la región. Sin llegar a las oscuras épocas en las que dominaban las dictaduras militares, gobiernos de origen democrático se han transformado en regímenes que repudian los ideales de los derechos humanos que habíamos conseguido fortalecer casi como banderas en todo el continente. Quienes estamos comprometidos desde siempre con estas banderas no podemos permanecer indiferentes. Hacemos votos para que la política –con mayúsculas- pueda salvar lo que queda de democrático en esos países, y que la región persista en este camino que permite mantener alejado el fantasma de una intervención militar.
Las herramientas que se están utilizando del Sistema Universal de Derechos Humanos –el Consejo de Seguridad de la ONU con la evaluación del posible uso del capítulo VII de su Carta y el Tribunal Penal de la Convención de Roma- son las correctas, y sean bienvenidos estos pasos dados en nuestro país, en honor a las mejores tradiciones de respeto por la dignidad humana.-
por Marcelo López Alfonsín, Juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario*
[1] Nos referimos a ello en “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está alerta”, con Elisabeth Berra, Microiuris Doctrina MJD6391, edición digital del 15 de agosto de 2013 y en “La libertad de expresión en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: una tendencia regresiva”, con Luciana Salerno, DPI, Derecho Constitucional, edición digital del 11 de diciembre de 2017.
[2] Ampliar en nuestro artículo “No nos hagamos los distraídos: el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está en peligro”, iJudicial, 14 de junio de 2016.
[3] Llamamos la atención en este tema en “El Sistema Interamericano se reafirma en sus estándares democráticos”, iJudicial, 7 de enero de 2019 y en “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos responde en defensa de la Carta Democrática”, iJudicial, 27 de febrero de 2019.
* Artículo publicado originalmente en Infobae el 27 de julio de 2019
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