El pueblo es el soberano, los jueces, sus empleados

Por el 18 mayo 2016
Con eje en la función pública que ejercen los jueces y magistrados que integran la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, las juezas María Laura Martínez Vega y Elena Liberatori participaron del Ciclo de Conversatorios en la 42° Feria del Libro, con el objetivo de acercar los temas de los que se ocupan los dos fueros locales a la ciudadanía. La violencia de género, el grooming, la pornografía infantil, Uber y el derecho animal en el caso de la orangutana Sandra, los temas centrales.

 

La jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas, María Laura Martínez Vega, y la jueza del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, Elena Liberatori, conversaron con los presentes en el stand de la Feria del Libro.  A la derecha, Ana Casal, Secretaria de Asuntos Institucionales. Foto IJudicial

Las juezas María Laura Martínez Vega, titular del juzgado N° 9 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, y Elena Liberatori, a cargo del juzgado N° 4 del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, fueron las encargadas de cerrar el «Ciclo de Conversatorios sobre la Justicia de la Justicia» que se desarrollaron durante la 42° edición de la Feria del Libro en el marco de las actividades organizadas en el stand institucional del Consejo de la Magistratura local. Allí, las magistradas expusieron sobre las competencias de la justicia porteña, trataron causas mediáticas actuales y respondieron las inquietudes del público presente.

Para comenzar, Liberatori planteó el actual proyecto Justicia 2020 “impulsado por el Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y que contiene como uno de los módulos más importantes el traspaso de jueces nacionales – del fuero Comercial, Laboral, Civil, por ejemplo- a nuestra justicia”. Al respecto la jueza porteña aclaró que «hoy en día, estos problemas están siendo analizados por nosotros en tanto y en cuanto la parte demandada sea el Gobierno de la Ciudad”, pero que cuando los conflictos son de los habitantes de la Ciudad, los que intervienen son los jueces nacionales.

Luego, mencionó algunas de las causas sobre las que Elena Liberatori ha fallado, en particular aquellas que los debates “se dieron primero en la justicia y luego terminaron siendo receptadas en legislación nacional”. “He impulsado los matrimonios igualitarios, y aunque no tengo hijos biológicos sí tengo de medidas cautelares a raíz de peticiones de madres y parejas de copaternidad para la inscripción de los hijos”, dijo. Además,  recordó el caso de Sandra, la orangutana del Zoológico de Buenos Aires. “El planteo era muy novedoso jurídicamente. Se pedía la liberación pero lo sustancial es que la reconocemos como sujeto de derechos, como persona no humana”, expresó la jueza.

-¿En qué cambió la vida de Sandra? –preguntó una mujer del público presente.

Elena Liberatori

Elena Liberatori

-Durante el año que duró el amparo, Sandra tuvo mejoras ostensibles en el recinto donde habita, en la provisión de agua y se amplió el habitáculo. Y en estos días hemos gestionado con la empresa Buquebus la donación de cabos de navegación que se usan como sogas para los chimpancés y la orangutana. Ahora el expediente está en Cámara porque la petición concreta es la liberación de Sandra. Pero eso tiene una connotación técnica, Sandra es una parienta, está determinado que en un 98% es como nosotros, es un ser sintiente con habilidades cognitivas. El tema de la liberación es muy difícil porque ella es un animal híbrido, de Sumatra y Borneo, y ninguno de los dos países aceptarían tomarla de nuevo, ya que ella nació en cautiverio en un zoo de Alemania y de ahí vino a Argentina. También pensamos en los santuarios pero los expertos nos dijeron que hay que tener cuidado porque esconden experimentación farmacológica. Es un dilema. Además acá hay un problema jurídico importante, y es que los animales siguen siendo cosas, forman parte del inventario del Gobierno  de la Ciudad. Nuestro expediente es como un foco de luz que da visibilidad a toda una cuestión que por ahí nos pasaba indiferente y ahora vamos a ver qué decide la Cámara –analizó Liberatori.

A continuación, un hombre preguntó sobre la situación de la empresa de transporte privado Uber. “Lo que haría Uber es un uso prohibido del espacio público para una actividad productiva que le da fines de lucro, es decir sin la tener la autorización que el Gobierno de la Ciudad otorga”, se encargó de responder Martínez Vega. Además, detalló que “por ahora sería un transporte público ilegal porque no están cumpliendo las normas de la Ciudad y las pautas que cumplen los taxis, colectivos y cualquier otro transporte público», y sostuvo que «el dilema es sopesar los derechos de todos, tener en cuenta las normas de la Ciudad y las de la libertad de cada uno de trabajar con su auto, y cuidar al ciudadano que toma ese transporte, porque debe estar registrado y tener el seguro”.

En relación a la causa judicial que tramita en el fuero PCyF contra la empresa UBER, la jueza Martínez Vega explicó que entre las últimas medidas judiciales tomadas, se decidieron allanamientos a las oficinas, de los que se consigue “información relativa” ya que el servicio consiste en una plataforma virtual, y remarcó que «no hicieron caso de las primeras órdenes judiciales y siguieron trabajando”. Como consecuencia, la justicia pidió a las tarjetas de crédito que no operen con UBER –que permite el pago del servicio de manera previa-, pero la causa continua tramitándose.

-¿La justicia puede exigir a los conductores de Uber condiciones similares a las de los taxis? –preguntaron desde el público.

-Cuando se los intercepta en la calle se les quita la documentación y se les secuestra el auto. Pero la verdad es que es un tema novedoso porque es una aplicación mundial, y está intentando ingresar al país aún en contra de los fallos judiciales. Entonces estamos en plena contienda –expresó Martínez Vega.

María Laura Martínez Vega

María Laura Martínez Vega

A continuación, una mujer presente planteó el tema de la violencia de género, exponiendo que «las mujeres denuncian, les dan apoyo y un botón anti pánico, pero las siguen matando”.  La jueza Martínez Vega explicó que a pesar que la justicia le da contención a la víctima, “hay una patología social que es la violencia y una pandemia mundial que es la violencia de género”.  “El juez puede hacer muchas cosas para proteger a la mujer pero tiene un límite, porque primero rige la presunción de inocencia. La víctima denuncia violencia doméstica, se inicia el perimetral y el botón de pánico, pero nosotros a ese hombre denunciado no lo podemos tratar como un culpable, tenemos que investigar”, indicó la magistrada, subrayando que los jueces tratan que los procesos de investigación sean muy cortos, “que se resuelva si la situación de violencia existió o no, que se vaya a juicio oral y se condene o absuelva”. Más allá de la intervención judicial, la magistrada sostuvo que por tratarse de una problemática social, «tiene que haber una contención familiar y terapia”.  “Los tiempos no nos están dando la razón, es verdad que la justicia hace bastante pero no es suficiente, no es perfecta, es lenta y la responsabilidad es nuestra”, asumió Martínez Vega ante la insistencia del público de por qué siguen cometiéndose femicidios a pesar de que esos hombres ya habían sido denunciados.

La jueza Liberatori se sumó al intercambio y expresó: “Creo que este fenómeno de la violencia de género ocurre por el cambio de paradigma. Somos mujeres que hemos accedido al mercado laboral, que le decimos ‘chau’ a un hombre si no lo queremos ver más, y él ha sido un varón criado en una sociedad antigua donde él era el jefe de familia que decidía”. La magistrada mencionó que en los casos de violencia doméstica hay un fenómeno de aislamiento de la mujer -no se la deja trabajar, que tenga amigos, se la desvaloriza, que no se vista de determinada manera o que no haga determinas cosas-, “y todo ese proceso  termina en un hecho de violencia física”. Además, Liberatori reflexionó acerca situaciones tomadas como naturales por la sociedad actual pero son “patriarcales” y refuerzan la minimización de la mujer, entre ellas las letras de canciones y las publicidades. “No hay cosa más sexista que una juguetería, muñecas para nenas y camiones para los chicos, o la publicidad de limpieza o de cocina. ¿Acaso los hombres no limpian ni cocinan?”, arremetió la jueza. Y añadió: “Hay circunstancias sociológicas, culturales y educativas que refuerzan la violencia de género”.

Para finalizar con la cuestión, la jueza Martínez Vega instó a las mujeres presentes a acudir a la justicia de la Ciudad, “que brinda ayuda inmediata a la mujer que denuncia”, a las Oficinas de Violencia de Género que están abiertas las 24 hs, así como a las líneas telefónicas para denunciar maltratos que pueden no ser físicos, sino “un grito o una humillación”. “Si van a una comisaría, es obligación del policía de tomarles la denuncia. Porque ustedes son los soberanos, el policía y los jueces somos sus empleados”, dijo Martínez Vega. Y agregó: “Pongámonos las botas y mini faldas y salgamos a defender nuestros derechos”.

En su última intervención, Liberatori explicó la labor de la Secretaría de Barrios Vulnerados que funciona en su juzgado, para encargarse de causas relacionadas a las villas y asentamientos en la Ciudad de Buenos Aires, y a la garantía de derechos de sus habitantes.

Por último, Martínez Vega introdujo el tema del grooming y la pedofilia, a los cuales definió como “un flagelo de las grandes urbes del mundo”.  “Le ocurre a chicos y adolescentes que constantemente reciben amenazas por las redes sociales. Es algo que no se está visualizando y hay infinidad de casos diarios”, expresó respecto al delito de grooming.  La jueza indicó que en esta problemática “no hay diferencia entre los estratos sociales ni entre los colegios”, y remarcó que este tipo de acoso utilizando nuevas tecnologías «se da tanto entre los habitantes de una villa como de los barrios más caros de la Ciudad”. En relación a la pedofilia –el tercer ciber delito del mundo-, señaló que la justicia porteña recibe casi 30 denuncias diarias vinculadas a abuso e imágenes de menores con connotaciones sexuales en internet. “El control de las redes sociales por parte de los adultos es esencial, pero es un problema muy difícil porque cómo se le dice a un adolescente que no utilice una red social o que tiene que cuidarse. La situación puede comenzar en Facebook, Instagram o Snapchat, por eso les pido que cuando vayan a sus casas comenten que ante cualquier duda por un comentario peyorativo, una foto que alguien pide en bikini o algo que no les cierra en una red social, hay líneas de acceso directo para este tipo de denuncias. Es el primer paso a delitos más graves como secuestro de chicos, trata de personas y tráfico de órganos”, alertó Martínez Vega. Finalmente, señaló que no hace falta ser el damnificado para denunciar, por lo que cualquier persona que esté al tanto de una situación así, lo puede denunciar, ya que es un delito de acción pública y el fiscal debe investigarlo.