La justicia penal juvenil en el centro del debate de los magistrados porteños
Con la participación de funcionarios del Ejecutivo, expertos internacionales, magistrados nacionales y locales, se realizó la “Jornada de Discusión del Sistema Penal Juvenil” organizada por el Ministerio Público Fiscal porteño y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD).
El miércoles 21 de junio se realizó la “Jornada de Discusión del Sistema Penal Juvenil” en la sede del Scala Hotel, Bernardo de Irigoyen 740, del barrio porteño de Monserrat en la ciudad de Buenos Aires. La organización corrió por cuenta del Programa de Organización de Eventos Institucionales del Ministerio Público Fiscal.
Tanto la jueza Carla Cavaliere, como el juez Marcelo Bartumeu Romero; titulares del juzgado en lo PCyF N° 3 y N° 11, respectivamente, son quienes entienden en materia penal juvenil en la justicia porteña y quienes participaron del encuentro en calidad de expositores.
El turno de la exposición de la jueza Cavaliere fue en horas de la mañana, en la primera mesa que llevó por título «Justicia Especializada», y que tuvo como expositora también a la Subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; María Fernanda Rodríguez. Ambas fueron moderadas por la Secretaria General de Derechos y Garantías y de la Población Vulnerable del MPF porteño, Ivana Centanaro.
La magistrada porteña señaló que «tenemos que hablar de una ley procesal diferente a la de los adultos» y por tanto debemos hablar de «sanciones diferenciadas de los adultos porque se la considera, y así lo ha entendido también la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como población vulnerable».
«No hablo de unificar criterios en materia de decisiones porque cada uno de nosotros interpreta la ley de la forma en la que corresponde o de la forma en que la entiende de acuerdo a su experiencia y a su leal saber y entender. Pero sí hay situaciones que ameritan una resolución legislativa, por ejemplo la que tiene que ver con cuál es la cantidad de tiempo que se puede tener detenido a un joven en flagrancia», alertó la titular del juzgado Nº 3 mientras que reconoció, «hoy por hoy hay interpretaciones diversas al respecto porque la ley no tiene una norma específica que lo determine, como si la tiene la ley 2303«. Cavaliere citando a Montesquieu, concluyó que «hay que darle el menor resquicio posible a los jueces para la interpretación, y eso es tarea de los legisladores, hacer normas claras delimitadas para eso».
Ya en horas de la tarde, la primera mesa de debate fue convocada bajo el titulo «Medidas alternativas y justicia restaurativa», la que contó con la participación de la Asesora de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Deborah Dobniewieski y el integrante del Comité Ejecutivo del Comité Interinstitucional Pro Implementación de la Declaración Iberoamericana de la Justicia Juvenil Restaurativa, el español, Víctor Herrero. Allí expuso Marcelo Bartumeu Romero, titular del juzgado Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires Nº 11. Coordinó el debate la Directora de Proyectos del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), Adriana Lander.
El magistrado recordó que «En Argentina se insta a que se establezcan medidas de reintegración». Y ratificó que «se debe garantizar que la pena de prisión sea el último recurso para los menores». Al respecto, aseguró que ello «se corresponde con lo que resolvió la Corte Iberoamericana en el caso ´Mendoza´en 2013, donde criticó que contrariaba el principio de proporcionalidad, porque obstruía la culpabilidad disminuida que tienen los menores de 18 años de edad».
Bartumeu señaló a su vez, que «debería concluirse que la única posibilidad de asegurar que la prisión sea el último recurso y que existan verdaderas medidas alternativas a la pena de prisión, es entender la suspensión del proceso a prueba de un modo más amplio». El juez abogó porque dicha suspensión se lleve adelante en una audiencia oral. Y advirtió que «es importante porque el adolescente debe tener el derecho a ser escuchado (…) Esto puede tener un efecto positivo en cuanto al objetivo de resocializarlo». Para concluir que «si en la Ciudad tenemos nuestro régimen penal procesal juvenil y una regulación del instituto de la probation, respecto de los imputados adolescentes, claramente será más beneficioso que lo previsto en el Código Penal».-
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