Carla Cavaliere sobre la «deuda pendiente de construir lugares de encierro adecuados»
La jueza en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas expuso sobre su caso de habeas corpus correctivo y colectivo de este año, y habló sobre la necesidad de construir cárceles adecuadas en la Ciudad de Buenos Aires para personas privadas de su libertad
La jueza titular del juzgado N°3 en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Carla Cavaliere, habló sobre «la situación no resuelta de las personas detenidas a disposición de las tres jurisdicciones con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, en alcaidías y comisarías de la Ciudad” en la Primera Jornada sobre Violencia Institucional “Diagnóstico y Estrategias para Erradicar la Violencia Institucional de la Ciudad de Buenos Aires”, organizada por el Ministerio Público de la Defensa CABA. Su exposición tuvo lugar en la mesa de trabajo 4, denominada «Deterioro de las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad en la CABA».
En primer lugar, Cavaliere recordó con emoción a su colega del fuero fallecido, Gustavo Letner, a quien quiso rendirle un pequeño tributo por su trabajo en la Justicia de la Ciudad.
Luego, se refirió a la resolución que dictó en el caso 11.260/20 “Ministerio Público de la Defensa sobre Habeas Corpus Correctivo y Colectivo, a partir del cual se armó la mesa de trabajo tendiente a que en un plazo se desalojaran de las comisarías de la Ciudad todas las personas privadas de la libertad y las alcaidías recuperaran su utilización para el destino con el que fueron creadas: «La idea de hacer una mesa no es novedosa ni original, la Justicia de la Ciudad lo hizo en una resolución dictada frente a un habeas corpus por jóvenes detenidos en dependencias de la policía, y a partir de lo que resolvió la Corte Interamericana en el caso Bulacio».
«La solución surgió a partir de lo que se iba produciendo en distintas audiencias del habeas corpus, y la complejidad de este caso hizo que para dictar la primera resolución al menos lleváramos adelante tres o cuatro audiencias para escuchar distintas posiciones», explicó la jueza al respecto.
En consecuencia, preguntó a los asistentes físicos y virtuales: “¿Por qué tenemos personas detenidas en alcaidías y comisarías?» «Porque nos falta construir cárceles. Seguimos aumentando penas y seguimos dictando disposiciones que tienen que ver con restringir el acceso a la libertad condicional y a otras medidas alternativas a la prisión pero no construimos lugares de encierro adecuados. Eso es una deuda pendiente”, aseveró.
A raíz del COVID-19, la magistrada indicó que «el servicio penitenciario cerró el ingreso de personas privadas de la libertad por la pandemia, pero no se trabajó sobre qué es lo que íbamos a hacer en el entretanto». «Cuando la Defensoría General presenta el habeas corpus en la forma de un habeas corpus correctivo colectivo, entendí que era la figura que correspondía porque abarcaba un universo de personas respecto de las cuales pasaba una misma situación, que era un lugar de alojamiento inadecuado”, agregó.
Para explicar en detalle lo que esto implicó, sostuvo que el contexto «excedía el marco del caso puntual del análisis caso a caso del juez de la causa, que es también jurisprudencia de la Corte Suprema, sin perjuicio de que los jueces de cada caso se pueden involucrar a partir de la vigencia de esta medida». «Lo cierto es que era un universo que requería la atención vía el habeas corpus correctivo y colectivo, que también había sido receptado por el caso Verbitsky en una situación semejante pero en dependencias de la policía de la Provincia de Buenos Aires», añadió a modo de ejemplificación.
Por otra parte, compartió que en el caso «fue citado el servicio penitenciario y luego se incorporaron a las audiencias el Mecanismo Local contra la Tortura y la Procuración Penitenciaria». Así es como se dispuso el 6 de julio (de 2021) la conformación de la mesa de trabajo. Esas alcaidías y esas comisarías podrían cubrir aproximadamente 213, 200 personas cada una de ellas. Hoy hay 738″, enfatizó.
Finalizando, señaló que también participaron de la mesa de trabajo profesionales de la salud por el contexto epidemiológico y que «el 26 de noviembre está citada una audiencia para revisar la vigencia de ese protocolo que dispone un aislamiento de 14 días en cada unidad del servicio penitenciario donde las personas son derivadas».
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