El Sistema Interamericano responde en defensa de la Carta Democrática
Dos elementos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos son constitutivos de sus mecanismos de protección: la libertad de expresión y la democracia republicana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su jurisprudencia ha abonado un concepto amplio de libertad de expresión, toda vez que sólo una exégesis de este tipo es compatible con los postulados básicos del Estado constitucional de derecho. En este orden de ideas sostuvo en “Herrera Ulloa”[1] que: “En su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común, tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros, como el derecho a difundir la propia”.
Acá pueden advertirse claramente las dos dimensiones de la libertad de expresión: la individual, que tiene por objeto permitirle a los individuos manifestar sus ideas, y la institucional o estratégica, donde el fin no se reduce a colmar una necesidad personal, sino que sus efectos se proyectan en la sociedad al coadyuvar a la preservación del sistema político y permitir la convivencia armónica de las prerrogativas individuales[2].
El derecho a la información y la libertad de expresión son dos caras de una misma moneda[3], y constituyen la columna vertebral del sistema democrático. Por ello, cada vez que se ponen en discusión sus alcances se debate ni más ni menos que los cimientos del régimen. Esto es lo que ocurre hoy en Nicaragua, según ha ratificado el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos al aprobar el informe de la Comisión Interamericana de la OEA en cuanto a la situación de los derechos humanos en ese país a partir del creciente autoritarismo expresado por el régimen de Daniel Ortega desde la represión de abril del año pasado, coronada por el cierre de los dos principales medios de comunicación en diciembre último. Esto llamó a la apertura de las instancias de revisión de cumplimiento por parte de ese Estado de la Carta Democrática Interamericana, conforme la iniciativa de su Secretario General, el uruguayo Luis Almagro.
Simultáneamente, no puede dejar de señalarse el papel que el sistema interamericano está jugando en referencia al régimen venezolano. Como hemos ya expresado[4], el liderazgo del denominado “Grupo de Lima” ha marcado una línea de apoyo a una transición democrática una vez superada la dictadura de Nicolás Maduro que está en perfecta sintonía con los compromisos asumidos por los Estados al suscribir la Carta Democrática en setiembre de 2001. Ya nadie de buena fe puede dudar hoy de la extrema gravedad de la situación humanitaria en ese país y del carácter autoritario de un régimen político que ha expresado su peor rostro. Será muy importante que la OEA pueda resolver en su marco institucional esta crisis con la solidaridad de todos los actores democráticos de la región.
Es que el debate sobre la democracia parece aún no saldado en Latinoamérica, y estoy persuadido que esto es lo que va a definir el futuro del sistema regional de derechos humanos, por lo que debemos pronunciarnos –una vez más- claramente: nuestro compromiso es con la democracia republicana como garantía institucional del único régimen político que a través del tiempo ha servido para la defensa de la dignidad humana.
Sólo por esa vía se resolverán las emergencias de Nicaragua y Venezuela.-
[1] Corte IDH, Caso “Herrera Ulloa v. Costa Rica”, Sentencia de 02/07/04. Serie C No. 107.
[2] Cfr: “No nos hagamos los distraídos: el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está en peligro”. IJudicial, edición digital:14/6/2016.
[3] Corte IDH., Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros). Sentencia de 05/02/01. Serie C No. 73.
[4] Cfr.: “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se reafirma en sus estándares democráticos”, IJudicial, edición digital: 7/1/2019.
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