En el marco de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en la Sala Alfonsina Storni, se presentó la primer edición del libro «Compilado de jurisprudencia comentada sobre Derecho Ambiental y Animal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires«, editado por JUSBAIRES
La obra reúne aportes de magistrados y funcionarios de la Ciudad y del orden nacional, es el resultado de un proceso que comenzó con la perspectiva de género, continuó con los derechos de niñas y niños, y ahora incorpora la dimensión ambiental. Durante la presentación el presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Javier Bujan, subrayó el propósito central de este tipo de iniciativas: «Queremos trabajar por una justicia que esté cerca del ciudadano, y lo que también nos acerca al ciudadano es que demostremos y mostremos lo que hacemos todos los días«.
En la presentación también destacó la creación de la Secretaría Especializada como un precedente institucional inédito, al ser «la primera a nivel subnacional en nuestro país«, con la expectativa de que impulse iniciativas similares en otras materias dentro del mismo tribunal. La obra fue además presentada como un respaldo académico al reclamo por la transferencia de competencias penales a la Ciudad.
La consejera Rocío Lopez Di Muro contó: «Mi participación en la obra se dio a raíz del caso de Popo, un mono carayá que encontramos en un placard durante un allanamiento, sin alimentación, a oscuras y con su salud muy comprometida. Gracias a la intervención de la Justicia, en sus últimos años pudo vivir cuidado y con mucho amor. Pasamos de un análisis donde el derecho tenía una mirada en función del hombre a una visión ecocéntrica, donde no solo tiene prevalencia el ser humano, sino también el cuidado del ambiente y de los animales».
»Hay un cambio en nuestra sociedad respecto a la concepción del ambiente y de los animales, y la jurisprudencia del Poder Judicial de la Ciudad da cuenta de eso. No solo vemos un exponencial caudal de causas, sino también una mayor especialización de jueces y funcionarios. Esta obra materializa una política institucional del Consejo de la Magistratura para tener órganos especializados, con secretarías que llevan a cabo programas que nos permiten concientizarnos y trabajar en una justicia más sustentable», resaltó Di Muro al enfocarse en la especialización de la Justicia de la Ciudad.
El juez del fuero Penal, Contravencional y de Faltas, Carlos Fel Rolero Santurián, expresó su satisfacción por participar del acto y destacó la relevancia social del debate que el libro refleja. Para él, el derecho no puede estar alejado de las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía: «Lo nuestro no es una ciencia exacta, es una ciencia humanística y parte de lo que tiene que ver con las vivencias de las personas». En ese marco, recordó que una encuesta permanente de hogares reveló que en la Ciudad de Buenos Aires hay más perros y gatos incorporados en las familias que personas menores de 13 años, dato que, a su entender, obligaba a la justicia a responder. También subrayó que diariamente más de 6.300.000 personas transitan la ciudad conviviendo con seres sintientes ya integrados a las estructuras familiares, consolidando un debate sin retroceso posible.
Sobre la obra en sí, destacó la calidad de sus autores y la jurisprudencia local que refleja, señalando que: «La obra refleja, sin ninguna duda, y con el mayor de los méritos, esa discusión que se dio en los ámbitos de la ciudad de Buenos Aires, en materia ambiental y de derechos de los animales». Finalmente, ponderó la creación de la Secretaría Especializada como un paso institucional significativo y exigente, concluyendo con una recomendación directa al público: «Les recomiendo profundamente la lectura de cada uno de los artículos porque tocan todas temáticas diferentes y absolutamente interesantes».
La coordinadora de la obra, la Dra. María Clara Bertotti, tomó la palabra para agradecer a los autores y destacar el lugar elegido para la presentación: la Feria Internacional del Libro. A su entender, ese escenario no es casual, sino que responde a una decisión institucional clara: «hay una decisión institucional de llevar la voz de la justicia, de esta justicia especializada en materia ambiental, al ámbito ciudadano». Enmarcó la publicación en un momento de transformación jurídica global, citando la opinión consultiva 32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció el derecho a un ambiente sano como derecho humano fundamental, y el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, la participación y una justicia especializada en materia ambiental.
Bertotti explicó que el libro surgió de la necesidad de sistematizar una jurisprudencia que existía pero estaba dispersa, y que la cantidad de causas ambientales fue creciendo exponencialmente. Describió la obra como «la primera sistematización escrita de la jurisprudencia de esta ciudad, no es una doctrina externa, es la del pozo de nuestro fuero hablando sobre nuestro propio trabajo».
Entre los temas abordados, la funcionaria, mencionó la responsabilidad contravencional de personas jurídicas, el reconocimiento jurídico de los animales como sujetos de derecho, la sintiencia como fundamento de la tutela penal y la legitimación del querellante en representación de los animales. También anunció el lanzamiento de un Programa de Promotores Ambientales para capacitar a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial. Cerró con una advertencia que resume el espíritu de toda la iniciativa: «el ambiente no puede esperar».
A su turno el titular del juzgado Penal, Contravencional y de Faltas, Christian Brandoni Nonell, expresó «estoy seguro de que en los próximos años comer animales muertos va a ser visto por las próximas generaciones como una salvajada. Se está generando un cambio cultural, pero lo complicado es la diversidad de abordajes que hay dentro de la sociedad. En la cuestión animal y ambiental se empiezan a generar grietas y posiciones absolutamente contrarias. Ahí es donde los operadores jurídicos debemos encontrar una línea intermedia que dé certeza y nos permita seguir conviviendo, respetando las distintas miradas sin imponer medidas extremas en ninguno de los casos».
»En un caso reciente, rechacé la posibilidad de que una ONG fuera tenida como querellante, pero alternativamente les permití ser amicus curiae (amigos del tribunal). Mantuvieron un rol aportando ideas y acompañando el proceso, pero sin un rol directo. El código de procedimiento da herramientas muy filosas a los damnificados que deben ser administradas con cautela; si no, podríamos transformar el fuero penal en un espacio de venganzas personales. El desafío es conciliar las distintas opiniones y respetar el derecho de cada ciudadano», remarcó el magistrado sobre el rol de las ONG y el equilibrio judicial.
