Así lo dispuso la justicia porteña al recibir el requerimiento de la ONG “Callejeros Casa Quiere Asociación Civil”, que entregó el canino rescatado durante un allanamiento en carácter de depositario judicial
La foto tiene carácter ilustrativo
La titular del juzgado nº 4 en lo Penal Contravencional y de Faltas, Rocío López Di Muro hizo lugar a la solicitud formulada por el representante del Ministerio Público Fiscal y la ONG.
La jueza destacó que «los animales rescatados en las actuaciones deben ser concebidos como sujetos de derecho no humanos y por tanto dignos de una protección amplia». Y que la decisión tomada «descarta la concepción de los animales como cosas o bienes secuestrados en el marco del presente proceso penal».
«En numerosos casos, para restablecer o efectivizar dichos derechos, se requiere de la intervención de los seres humanos, y es allí donde los operadores judiciales debemos actuar como garantes de la dignidad y el bienestar de los sujetos no humanos que conviven en el ecosistema, ampliando la aplicación del derecho para atender las necesidades de los animales en situaciones de vulnerabilidad«, explicó la magistrada en la resolución tomada.
«Tengo presente las conclusiones a las que arribaron los médicos veterinarios que evaluaron la situación de salud de “Chuchu”. En este marco, tanto el Dr. Laham, quien asiste a «Chuchu» desde el mes de junio del corriente año, como el Dr. Marcelo Gastón Giangreco, profesional de la Dirección General de Canes y Felinos Domésticos del GCABA, recomendaron su castración con carácter urgente, siendo que de no hacerlo podría verse comprometida la salud e incluso la vida del animal«, subrayó la jueza.
Por último López Di Muro resolvió que «siendo que el ser sintiente fue entregado en carácter de depositario judicial a la ONG ‘Callejeros Casa Quiere Asociación Civil’, la que se constituyó como parte querellante en estos actuados y solicitó autorización para realizar la medida en cuestión«, debe tener a su cargo la materialización de la medida, que deberá ser llevada a cabo por un profesional veterinario.
La autorización para la castración data de septiembre 2025. No está firme, fue apelada por la Defensa, se encuentra en trámite en Sala IV con la intervención de la Secretaría Especializada en Materia Ambiental y de Derecho Animal.
