COVID-19: Crean una mesa interestatal para abordar la problemática de las personas privadas de libertad

Por el 13 julio 2020

La justicia aceptó parcialmente un habeas corpus y dispuso la creación de una mesa conjunta para evaluar la situación de las personas privadas de su libertad en la pandemia

La titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, Carla Cavaliere, dispuso la conformación de una «Mesa de Aproximación de los actores del sistema«, integrada por el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro; la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, María Laura Garrigós; el Jefe del Departamento de Alcaidía Central y Traslado de Detenidos de la Policía de la Ciudad, Comisario Inspector Luis Varas; o por quienes ellos dispongan; con el objeto de que «siguiendo estrictas recomendaciones elaboradas por los funcionarios de los Ministerios de Salud de la Nación y de la Ciudad que designen los Señores Ministros, Dres. Ginés González García y Fernán Quiróz, bajo el monitoreo de este Juzgado y con la participación de las organizaciones que han actuado como amicus curiae, elabore e implemente protocolos de acción que permitan: a) desalojar de las Comisarías de la Ciudad, a las personas detenidas en cualquier situación; y b) que la detención en las Alcaidías se cumpla en la forma en la que venía realizándose antes de la pandemia, evitando la permanencia en ellas de personas privadas de la libertad bajo condena o en prisión preventiva».

Además, estableció que «la Mesa (…), presente cada 15 días, un informe del estado del avance de las medidas implementadas, con el objeto de que, en el plazo de 60 días hábiles, que podrán ser prorrogados -de presentarse circunstancias atendibles- cumpla con los fines establecidos»; y que «en la primera reunión que se formalice, determine un cronograma de trabajo que será informado a este Juzgado». También dispuso que «el Departamento de Alcaidía Central y Traslado de Detenidos de la Policía de la Ciudad informe, de forma semanal, a este Juzgado el número de detenidos alojados en Comisarías y Alcaidías de la Policía de la Ciudad y los cupos asignados por el Servicio Penitenciario Federal».

A su vez, invitó en el resolutorio a los titulares tanto del Ministerio Público Fiscal como de la Defensa, para que designen un representante. Y encomendó a la Secretaría de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que ello no haya sido realizado, que «a través de los mecanismos establecidos legalmente, peticione ante quien corresponda, todos los requerimientos necesarios a los efectos de brindar a las personas privadas de la libertad, tanto en Comisarías como en Alcaidías de la Policía de la Ciudad, con especial atención en las que deban pernoctar, los elementos necesarios de higiene, sanidad, alimentación, colchón, abrigo y que puedan tener comunicación con su familia y su defensa. Asimismo, para que se implementen las medidas necesarias para la higiene y sanitización de los lugares de alojamiento con fines de detención». Todo ello en el marco de los autos caratulados «Ministerio Público de la Defensa sobre Habeas Corpus», Expediente n.° 11260/2020-0.

La acción presentada por el Ministerio Público de la Defensa menciona que «tiene por objeto garantizar condiciones dignas de detención de las personas privadas de su libertad, en flagrancia, a disposición del Poder Judicial de esta Ciudad, en las dependencias policiales, y que por ello presenta carácter colectivo y correctivo»; sostienen que «la aparición del COVID-19 trajo cambios en el protocolo de detención respecto de las personas privadas de libertad por situaciones de flagrancia, que redunda en una violación sistemática de sus derechos». Precisamente, solicitan que «se aloje adecuadamente a estas personas en establecimientos autorizados, desestimando toda posibilidad de alojamiento temporario -aunque sean unas horas- en dependencias policiales interventoras, con los cupos correspondientes para evitar hacinamiento. En caso de falta de cupo se ordene a las autoridades correspondientes que remitan un cronograma que fije los días que exige la paulatina resolución de la situación descripta. Y que, en el entretanto, se ordene a las autoridades el cumplimiento de los protocolos de emergencia sanitaria y evitación de contagios proveyendo elementos de higiene y limpieza, acceso a sanitarios y el resto de medidas que lucen en la presentación de referencia».

Frente a ello, la magistrada indicó que «decisiones como las que se peticionan en este caso, deben intentar ser adoptadas en el marco de un proceso de diálogo y consenso entre diversos actores». En este sentido, agregó que «la actuación judicial tiene sus límites y, en materias tales como la presente, no puede imponer estrategias específicas, sino sólo exigir que se tengan en cuenta ciertas medidas. Para el caso, no se trata de que quien suscribe defina de qué modo debe subsanarse el problema, pues ésta es una competencia de quienes tiene a su cargo la custodia, el traslado, el alojamiento y la seguridad de los detenidos, sino de fijar, si el caso lo requiere, pautas y estándares a partir de los cuales pueda diseñarse la política que el caso necesita y sus recomendaciones y protocolos».

La jueza convocó a una primera audiencia que se celebró el 20 de junio a las 18, con la presencia de titulares e integrantes de todos los estamentos públicos convocados. Posteriormente se celebró una audiencia el 24 de junio, también de manera presencial, donde se sumó la asistencia de funcionarios de las carteras de Salud, tanto nacional como del GCBA. Luego, solicitó al subsecretario de Justicia porteño que «incorpore a esa mesa de trabajo a la persona que se encarga de compras y contrataciones de insumos para los detenidos, por si hiciera falta disponibilidad de recursos de algún tipo y, por último, que se extremen los recaudos para que no falten las viandas de comida, ni el agua, ni elementos sanitizantes en las alcaidías y comisarías, y se vea la posibilidad de comprar colchones y frazadas, a la brevedad, en caso de que esto hiciera falta».

La titular del Juzgado n.° 3 resaltó que «en virtud de sendas presentaciones efectuadas por la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Mecanismo Local para la prevención de la tortura, en la audiencia celebrada el 24 de junio de 2020, se aceptó su participación como amicus curiae y se agregaron los informes presentados, por lo que fueron convocados a participar en el marco de la diligencia celebrada el 29 de ese mismo mes y año».

Cavaliere concluyó al subrayar que «el proceso de diálogo ya ha evidenciado resultados, porque: a) el SPF ha comenzado a otorgar cupos para el alojamiento de detenidos en las unidades carcelarias; b) ha asumido el compromiso de extremar los recaudos para tender al número necesario propuesto por la Subsecretaría de Justicia de la Ciudad; c) se han reubicado personas que se hallaban alojadas en Comisarías con prisiones preventivas y condenas dictadas en las Alcaidías; d) al 1 de julio de este año no había detenidos en esas circunstancias en las Comisarías (…); y e) a esa fecha, se ha reducido el número de alojados en dichos sitios, totalizando 101, cuando a la fecha de inicio de este proceso, era de 166».-