Orden de detención y nueva imputación por la toma de Lugano

Por el 6 mayo 2014

A raíz de un amplio pedido de la fiscalía en la causa que investiga la usurpación de terrenos en Villa Lugano,  la justicia porteña dispuso diversas medidas, entre ellas la orden de detención de Antonio Marcelo Chancalay, uno de los sospechosos de organizar la ocupación, y la imputación de una persona vinculada al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

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La jueza titular del Juzgado N° 14 en lo Penal, Contravencional y Faltas,  María Gabriela López Iñiguez, dispuso el pasado 5 de mayo una serie de medidas en el marco de la causa que investiga la fiscalía porteña por la usurpación de terrenos en el barrio de Lugano el 24 de febrero de 2014.

Ante un numeroso pedido de detenciones impulsado por el fiscal Carlos Rolero, la magistrada porteña resolvió rechazar la solicitud de detención en cinco casos por considerar “excesivo el pedido” de restricción de la libertad personal durante el proceso, pero dispuso una serie de medidas restrictivas “a efectos de asegurar los fines de la causa” como la obligación de presentarse semanalmente a firmar el libro de asistencia en sede de la Fiscalía, la prohibición de salir del ámbito territorial de la Ciudad de Buenos Aires, e incluso, “la prohibición de concurrir al predio ilegalmente ocupado ubicado en el linde con la Villa 20”.

Frente a la existencia de “elementos de prueba de un peso mayor” en el caso del pedido de detención efectuado contra Marcelo Chancalay (padre) –quien figura en el expediente como “antiguo empleado del GCBA, dentro de la estratégica Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario dependiente del Ministerio de Desarrollo Social”–, la jueza López Iñiguez ordenó “la inmediata detención” del imputado. Para el dictado de esta resolución, la magistrada consideró que “existen elementos de juicio suficientes para sostener con fundamento material que Antonio Marcelo Chancalay intentará eludir el accionar de la justicia”, por lo que “su libertad pone en riesgo el normal desenvolvimiento del proceso”.

Finalmente, y entre una serie de medidas dispuestas que deben tener debida reserva para garantizar el trámite del expediente penal, la jueza dispuso dar intervención a la defensa pública para que asista a Marta Yané, una nueva imputada en la causa, a raíz de una serie de conversaciones vinculadas con la ocupación del predio, mantenidas por ella con otro imputado desde un celular que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.