Analizaron los efectos de la pandemia COVID-19 en la XVI Jornada de medicina forense
El encuentro fue organizado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MAFUCABA)
Con más de 60 personas que se conectaron y siguieron sus alternativas en forma virtual, dadas las restricciones que son de dominio público, se llevó a cabo el jueves 15 de abril desde las 15, la XVI Jornada de Capacitación que lleva adelante la Dirección de Medicina Forense. La apertura corrió por cuenta de la titular del Juzgado n.° 3 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires y presidenta de MAFUCABA, Carla Cavaliere.
«Estamos abocados a trabajar para mejorar las condiciones de trabajo de todos ustedes, les pedimos un voto de confianza a esta nueva conducción de MAFUCABA. Les pedimos que participen activamente, que estamos para trabajar, para escuchar las inquietudes y para hacer y acompañar todas las presentaciones, obviamente que sean razonables, que cada uno de ustedes nos hagan», explicó la extitular del Consejo de la Magistratura local. «Como ustedes saben y ya me conocen de otras conducciones (tuve el honor de presidir MAFUCABA en dos oportunidades previas), el objetivo principal que tenemos es la unificación de las asociaciones, así que estamos trabajando en eso e intentando mejorar la vida laboral de todas y todos ustedes, y en función de eso, estamos también muy interesados en recibir inquietudes sobre temas de capacitación en los que ustedes quieran participar o quieran recibir capacitación», completó.
En diálogo con iJudicial, Cavaliere aprovechó la oportunidad para expresar su especial agradecimiento tanto a Alba Pagano, titular de la Dirección; como así también a los expositores: «el doctor Daniel Silva, la doctora Mariana Ghidoli; y la participación de Alicia Vieyto, quien moderó el encuentro».
Luego, fue el turno del orador central del encuentro, el titular del Juzgado n.° 1 del fuero, Rodolfo Ariza Clerici, quien abordó el tema de la salud mental y el Derecho Penal en el marco de la pandemia COVID-19.
El magistrado señaló que «como operador del sistema judicial, a cotidiano, la nueva normalidad o la situación de pandemia, vivir en aislamiento y el distanciamiento social modificó la vida de todos nosotros y no creo que haya sido en un sentido de alivianar la carga». «La primera sensación que tuvimos todos fue que nos desadaptamos a la cotidianeidad, a tomar un café y llegar a nuestros trabajos, habitualmente para saltar de la cama a la computadora y de ahí clavarnos de corrido varias horas durante la jornada», añadió. «Eso también acarrea un alejamiento con la realidad que nos toca decidir, no tenemos la inmediación como principio de la garantía constitucional que es del debido proceso», completó.
Recordó que «las relatorías especiales del Consejo de Derechos Humanos a nivel de Naciones Unidas, se refieren a los pacientes psiquiátricos como un grupo de personas que figuran entre las mas desatendidas, marginadas y vulnerables». «Esto releva justamente un tema para colocarlo en las agendas de las políticas públicas de los Estados», alertó el titular del Juzgado n.° 1.
Luego, habló acerca de dos de los principios que sostiene Naciones Unidas: «El primero, atiende a la libertad fundamental y el derecho básico de toda persona a la mejor atención disponible en materia de salud mental, y que quienes padezcan una enfermedad mental serán tratadas con humanidad, en relación a la dignidad inherente». Para posteriormente abordar el principio quinto: «Ninguna persona será forzada a someterse a un examen médico con objeto de determinar si padece o no una enfermedad mental, a no ser que el examen lo practique con arreglo a un procedimiento utilizado por el derecho vigente». «Acá, tenemos el principio y la excepción incorporada, el Congreso tiene la potestad para regular una Ley como la que instituyó con la Ley de salud mental, con una restricción claramente con la internación involuntaria», agregó.
Ahí se preguntó qué hacer con las personas que están en situación de calle, que no están en condiciones de cumplir con el aislamiento. Habló entonces de las libertades fundamentales y los derechos básicos proclamados en los «Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de salud mental» adoptados por la Asamblea General en su resolución del 17 de diciembre de 1991. Y acontinuación, las enumeró «1. Todas las personas tienen derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental, que será parte del sistema de asistencia sanitaria y social. 2. Todas las personas que padezcan una enfermedad mental, o que estén siendo atendidas por esa causa, serán tratadas con humanidad y con respeto a la dignidad inherente a la persona humana. 3. Todas las personas que padezcan una enfermedad mental, o que estén siendo atendidas por esa causa, tienen derecho a la protección contra la explotación económica, sexual, o de otra índole, el maltrato físico o de otra índole, y el trato degradante».
Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el comunicado de prensa del 2 de octubre de 2020 expresó que «los Estados de la región deben adoptar medidas urgentes hacia la efectiva protección de la salud mental en el contexto de la pandemia y la garantía de su acceso universal».
«Sabemos que no existe ninguna razón para sostener una respuesta punitiva, pero nos encontramos frente a la disyuntiva de que no existen respuestas que den acabado tratamiento, como proveer una cama o trato digno, de parte de alguna política del Estado, y nosotros como operadores judiciales tenemos que resolver estas cuestiones», sentenció Ariza Clerici.
La actividad fue de caracter gratuita, se entregaron certificados de asistencia y se llevó adelante a través de la plataforma Zoom.-
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