Inteligencia artificial y justicia: juezas y jueces llaman a respetar la ética y la dignidad humana
Magistradas y magistrados de toda América se congregaron durante dos jornadas en la Santa Sede para debatir sobre el avance de las nuevas tecnologías y la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos
El Congreso tuvo lugar el pasado 4 y 5 en la sede de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales y fue organizado por el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), cuyo presidente es el juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, Roberto Gallardo, y su rama académica, el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFCB). Participaron más de 60 magistradas y magistrados de América que, junto a académicos y expertos, conversaron sobre los impactos de la Inteligencia Artificial en el ámbito de la justicia y las prácticas democráticas. El presidente de COPAJU realizó la apertura al congreso con una oración por la salud de Francisco, bajo cuya inspiración se realizó el encuentro.
La cumbre, que contó con una fuerte presencia de representantes del Poder Judicial argentino, surgió como respuesta al poderoso llamamiento hecho por Francisco para dar prioridad a las consideraciones éticas en el desarrollo y el empleo de la IA. El Papa introdujo el concepto de “algor-ética”, remarcando la necesidad de una moderación ética de los algoritmos y programas como condición de garantía de su uso en servicio de la humanidad.
En sintonía con los planteamientos del Papa, el encuentro en el Vaticano estuvo atravesado por un llamado a establecer pautas claras para el empleo de la IA en la administración de justicia, con la ética y la dignidad humana como ejes centrales. En ese sentido, el juez Gallardo señaló que “la gran definición del presente es si las corporaciones son controladas por los Estados o los Estados terminan cooptados por las corporaciones informáticas”.
Gallardo consideró que “no se observa mucha preocupación entre los desarrolladores de IA por resolver los problemas acuciantes del planeta y de la humanidad: el cambio climático, la pobreza, el hambre, la migración forzada, la carencia de agua. Para estos temas las inversiones específicas son comparativamente insignificantes”. También hizo hincapié en “la falacia sobre la supuesta neutralidad quirúrgica de los sistemas de inteligencia artificial”, advirtiendo que, “si no hacemos algo para evitarlo, permitirá que poderosas corporaciones generadoras impongan gradualmente nuevos paradigmas civilizatorios de los que luego será muy difícil abstraerse”.
Por su parte, Alejandra Villasur García, vocal del Capítulo Argentina de COPAJU y jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de CABA, hizo un llamado a sus colegas: “Debemos ser conscientes de que la IA agudizará la desigualdad y profundizará la brecha entre los servicios de justicia que cuenten con mejores partidas presupuestarias”. Ante ese escenario, propuso “pensar en la posibilidad de celebrar convenios de colaboración entre los distintos poderes judiciales en nuestro país, con el fin de permitir el suministro de tecnología de IA de los más desarrollados, una vez que se hayan probado y evidenciado el éxito de los modelos precursores”.
La Secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de CABA, Genoveva Ferrero, la directiva del IFBC, afirmó que para una aplicación beneficiosa de la IA “se necesita una fuerte alianza entre la innovación tecnológica y los derechos humanos”. Aseguró que “el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires aspira a ser un referente responsable que demuestre que, con los debidos controles, poniendo en el centro de la escena al hombre y un estricto apego a la ética, la IA puede ser un instrumento de justicia y no un factor de desigualdad”. El resultado operativo de la aplicación de la IA, será “una optimización de la gestión judicial en materia de tiempos y productividad, con el objetivo de brindar un mejor servicio de justicia”.
La delegación del Poder Judicial porteño que participó del encuentro incluyó al asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, Gustavo Moreno, entre otros. Asimismo, participaron algunos magistrados y funcionarios nacionales como el juez en lo Correccional y de Menores de Posadas, César Jiménez, el integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Roberto Pompa, el defensor general de la provincia de Entre Rios, Maximiliano Benítez, el asesor de incapaces de Trenque Lauquen, Rómulo Abregú, la jueza Civil y Comercial con competencia en Familia de Monte Quemado (Santiago del Estero), Valeria de los Ángeles Díaz y la jueza de Familia de Chubut, Ivana Wolansky, entre otras.