Jornada: «Desafíos de la Justicia de ejecución penal en el ámbito de la CABA»
El encuentro fue organizado por la Comisión de Transferencia del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Unidad Asesora y de Seguimiento de Políticas de Transferencia
El pasado 10 de diciembre, en el Salón Verde de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el Presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, Javier Bujan, participó de la apertura junto a la Presidenta del Consejo de la Magistratura de la CABA, Karina Leguizamón y la Consejera Gabriela Zangaro.
Bujan expresó al comienzo de sus palabras que: «Estamos en un momento bizarro, un momento donde el Gobierno Nacional anunció que vamos a transferir el Servicio Penitenciario Federal, un momento en donde la Legislatura está tratando la ley de ejecución local y va a empezar a tratar la Ley orgánica para tener un Servicio Penitenciario propio».
«Sobre todo es importante que pensemos, sobre todo en esta casa, todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de dar clases en estas aulas recordamos nuestra vieja pelea sobre la concepción de que la Ley 24660 es una ley marco de garantías que lo que hace es que nos da un piso mínimo que la justicia debe respetar», afirmó el Presidente de la Cámara Penal.
«Esta realidad que tenemos es que nuestro Poder Judicial se encuentra en un sistema de ejecución que hasta ahora estaba entre 31 jueces y hoy el Consejo de la Magistratura ha dispuesto con los fundamentos de la resolución mencionada por mis colegas el hecho de que haya cuatro jueces con competencia exclusiva que se dediquen. Y sin duda esto, estemos a favor o en contra, es un avance y un hito», resaltó el magistrado.
«Hubo también una decisión organizacional que es la de que por primera vez estamos instalando una oficina judicial que trabaja con un colegio de jueces y recibe y actúan los actuarios y dan el soporte administrativo en una oficina común que es la Secretaría Judicial de Seguimiento y Ejecución de Sanciones que depende de la Cámara», contó el juez sobre los avances en la materia.
Bujan concluyó su intervención señalando que: «en el medio siempre hay personas, cada cliente es un caso, un sujeto, un ciudadano. (…) Nosotros vemos y observamos con preocupación el incremento en la cantidad de habeas corpus que tienen presentación turno tras turno y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires se han triplicado».
En el panel sobre «Desafíos de la implementación de la Justicia de Ejecución Penal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires«, el primero en exponer fue el titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 30, Dr. Juan José Cavallari.
«Al pensar mi exposición elegí la participación de la sociedad en la ejecución de la pena privativa de la libertad. Y es el más difícil de conseguir, pero es el que más logros nos va a dar. Fíjense que el artículo primero de la ley 24.660 pone a la sociedad como parte a través del control directo e indirecto. ¿Y es lógico lo que hizo el legislador? Yo entiendo que sí. ¿Por qué? Porque la sociedad es la que va a recibir los beneficios del éxito de la ejecución de la pena privativa de la libertad, o también los perjuicios del fracaso en este caso», expuso el juez al inicio.
«En definitiva, hay que devolver a la sociedad a alguien un poco mejor que aquel que empezó a cumplir la pena. Nótese que las reglas de Tokio ponen a la participación de la sociedad como una oportunidad. El artículo 17.2 establece claramente ‘la participación de la sociedad será considerada una oportunidad para que los miembros de la comunidad contribuyan a su protección’. Es decir, en la misma sociedad la que tiene que protegerse para conseguir que aquellos que ingresan se egresen mejor de lo que ingresaron», sostuvo el juez.
«Estoy utilizando el término reintegración en lugar de resocialización. Es un término que tomé de Alejandro Barata en una ponencia denominada ‘Resocialización o Control Social’, realizada en Lima, del 17 al 21 de septiembre de 1990. Dice Barata ‘reintegración social, concepto que decididamente prefiero a los de resocialización y de tratamiento. Tratamiento y resocialización presuponen en efecto un papel pasivo del detenido y uno activo de las instituciones. En cambio, el concepto de reintegración social requiere la apertura de un proceso de comunicación e interacción entre la cárcel y la sociedad, en el que los ciudadanos recluidos en la cárcel se reconozcan en la sociedad externa y la sociedad externa se reconozca en la cárcel'», explicó Cavallari sobre estos conceptos.
Sobre las situaciones que los detenidos enfrentan una vez que obtienen su libertad, el magistrado concluyó: «Un incentivo impositivo podría ayudar a que esta dificultad sea superada. Hay que hacer también campañas de sensibilización. Es decir, a través de las narrativas positivas, historias reales de éxito, de gente que ha conseguido atravesar la pena privativa de la libertad y al egreso ha conseguido trabajar y comportarse conforme a derecho».
«Conocer las circunstancias personales de cada uno de los internos, ir haciéndolo de a poco a medida que vamos tomando confianza con los detenidos, porque obviamente hay un montón de cosas que hacen a su historia vital. Nos parece fundamental conocer dónde nacieron, cómo nacieron, cómo se criaron, el alcance de la formación que lograron, si tuvieron consumo o no tuvieron consumo de estupefacientes; si cometieron delitos a qué edad, si estuvieron en situación de calle, abusos sexuales, grado de formación, parejas, un montón de cosas que hemos ido acordando entre nosotros para empezar a conocer la historia vital. Y una vez que obtengamos esta información en uno, dos o tres años después, si tenemos la suerte de que este proyecto pueda seguir en el tiempo, empezar a, con esta información, generar un trabajo con la política, porque el delito no lo combate el poder judicial», explicó Brandoni sobre el trabajo de conocimiento que se esta llevando adelante.
«Ojalá que nosotros desde la Justicia de la Ciudad de ejecución podamos empezar a marcar el camino que toda la justicia argentina en cada una de sus jurisdicciones tiene que seguir, que es aprender de los malos ejemplos de las personas que han tenido que atravesar situaciones delictivas para ver cuáles son los puntos donde se produjo donde se desvió esa persona (…)», concluyó el juez.
La tercera expositora fue María Lorena Tula Del Moral, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13 de la Ciudad, quien comenzó su intervención contó que: «Ya veníamos teniendo la ejecución de las penas, pero no a esta escala de cantidad de casos que hoy tenemos, que a nivel comparativo con Nación y Provincia obviamente que son muchos menos, hoy tenemos aproximadamente por grupo de ejecución 400 legajos, los que están con penas de efectivo cumplimiento y con penas en condenas en suspenso».
«En la Ciudad de Buenos Aires tenemos recursos, que tenemos posibilidades, que tenemos predisposición, que tenemos ganas, que tenemos compromisos, que tenemos empatía con lo que hacemos, entonces creo que desde ese lugar, mientras tanto la política siga debatiendo cuál es el mejor proyecto de ley o el que en definitiva se va a terminar aprobando por una decisión ajena a nosotros, creo que desde nuestro lugar sí podemos ir contribuyendo para que las personas que están detenidas y condenadas en el marco de nuestros casos, intentemos que tengan la mejor respuesta desde el sistema judicial», sostuvo Tula Del Moral.
«Es necesario la posibilidad de contar con un equipo interdisciplinario. Nosotros no somos psicólogos, no somos psiquiatras, no somos médicos, no somos asistentes sociales, hay un montón de cosas que todos los días tenemos que resolver como una libertad asistida, como una libertad condicional, como distintas salidas anticipadas que no contamos con el conocimiento porque nosotros sabemos obviamente derecho, pero no contamos con esas herramientas que creo que sí que es importante al momento de tomar una decisión jurisdiccional que nosotros podamos contar con un equipo interdisciplinario independientemente del equipo interdisciplinario que interviene en el Servicio de Policía Federal», explico la jueza.
«Que el juez tenga el soporte de un de poder generar equipos interdisciplinarios para que nos asesoren y nos ayuden a tomar la mejor decisión teniendo en cuenta eso, la persona en concreto porque en definitiva creo que también parte de nuestra función como jueces en ejecución y como jueces en definitiva es tener empatía con los ciudadanos, con las ciudadanas, con las personas que están condenadas a efectivo cumplimiento, con las personas que están condenadas en suspenso, creo que es muy importante escucharlas, tener en cuenta su opinión no solamente de las personas condenadas sino también de la víctima», concluyo la magistrada.
El cuarto y último expositor fue el titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 18, Ricardo Félix Baldomar expresó al comienzo de su intervención el agrado que significaba la jornada porque «era necesaria y significa más autonomía».
«El artículo 18 de la constitución dice que ‘las cárceles son sanas y limpias para seguridad y no para castigos’. Después la ley 24.660 empezó a hablar del tema de reinserción, primero se habló en los sitios académicos pero después se impuso la 24.660. Lamentablemente desde la sanción de la 24.660 ningún legislador pensó en el artículo 18», sostuvo el juez. Agregó que además «en el caso de la ciudad, tenemos además el artículo 10, que dice que ‘rigen todos los derechos y garantías de la constitución nacional, las leyes de la nación, los tratados internacionales ratificados, y esto es importante: ‘los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión e insuficiencia de su reglamentación, y esta no puede cercenar’. O sea que es clarísimo, más en el marco de la ciudad».
«Hay que tratar a la persona que cometió un error, por más grave que sea, tratar de que no lo vuelva a hacer y que tenga, que pueda volver al Estado libre de la mejor manera posible», enfatizó el magistrado. Y agregó que: «Lo fundamental es el tratamiento penitenciario y lo que podemos hacer nosotros es tratar de que al menos las personas privadas de libertad condenadas que estén a disposición nuestra, puedan salir con alguna oportunidad».
«Pero hay algo que es fundamental, tenemos que tener una agencia post-penitenciaria, que la persona, al recuperar la libertad, pueda tener la manera más noble de ganarse su sustento que es trabajando», concluyó Baldomar.
Estuvieron presentes el consejero Martin Converset, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia porteño, Inés Weinberg de Roca, la jueza de dicho Tribunal, Marcela De Langhe, Julia Correa (ex presidenta del Consejo) y Rodolfo Ariza Clerici (ex consejero), entre otros.
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