El análisis de López Alfonsín sobre el Acuerdo de Escazú
El Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires brindó una charla sobre la firma del acuerdo ambiental como parte de la propuesta de posgrado para el ciclo académico 2021
El vicepresidente de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo López Alfonsín, protagonizó este martes 2 de marzo desde las 17, la charla informativa de caracter virtual a través de la plataforma Zoom, acerca del programa académico del curso sobre cambio climático, cuyo eje fue «El Acuerdo de Escazú: significado, posibilidades y riesgos».
El camarista inició su exposición destacando «la importancia que va a tener dentro del ordenamiento jurídico argentino». Agregó que «es un acuerdo regional gestado a partir del año 2012, en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro, de Río +20». «Fue impulsado fundamentalmente por la sociedad civil más que por los estados, y que tuvo una entrada en vigencia en términos récord», añadió. Y adelantó que «ya se está discutiendo su jerarquía constitucional en la Cámara de Diputados de la Nación, para que estos derechos de acceso integren en forma complementaria el bloque de constitucionalidad».
Además sostuvo que «la única observación nacional al acuerdo, es que nos estamos ‘comprando’ un tema que no es un tema en la Argentina, la verdad es que el tema de la protección de los defensores ambientales es un tema de Chico Mendes en Brasil en 1988; hoy en Colombia, muchos en Centroamérica». «No es un tema central en la Argentina, pero un acuerdo regional supone negociaciones, supone acuerdos, supone ceder en parte temas que de repente están al tope en una agenda, y no tan al tope en otros», completó. «Ahora, si el Acuerdo de Escazú dice acceso a la información pública en un plazo no mayor de 30 días, y yo tengo una ley de acceso a la información pública que habla de 15 días, esta es una buena aplicación del principio propersona, que es propio del derecho internacional de los derechos humanos», agregó. «Esa es la mirada, con la que -creo- que hay que encarar este acuerdo: Principio propersona quiere decir que esté a favor de la norma que mejor haga al derecho de las personas, es tan sencillo y difícil como eso», subrayó.
Respecto de la influencia del acuerdo sobre las ONG, señaló que «acá sale empoderada la sociedad civil en su conjunto, incluso también el sector empresario, y dentro de las ONG las que salen empoderadas son las serias; que tienen mas instrumentos para plantear un muy buen pedido de acceso a la información pública ahora, con Escazú, que antes». Sobre el rol la justicia, sostuvo que «en general una decisión de acceso a la información pública va tener un impacto sobre toda la comunidad». «¿Qué exige esto?, mayor prudencia. ¿Mayor prudencia significa ser más conservador, significa ser más restrictivo en cuanto a los derechos? No, mayor prudencia es tener más equilibrio en relación con el debido proceso, tener mas equilibrio cuando uno entiende el principio de igualdad de partes que no ha sido sustituido», sintetizó.
En su análisis, ante más de 70 asistentes que acompañaron el encuentro en forma virtual, adelantó que «no se ve en Escazú mayores elementos de conflictividad, o de un activismo judicial que el que ya existe hoy, con las normas a nivel nacional que tenemos hasta el 22 de abril (fecha de entrada en vigencia del Acuerdo)». «Estoy seguro que el juez que tiene una mirada demasiado activista no va a cambiar su posición después del 22 de abril«, advirtió
Finalmente, López Alfonsín indicó que no creía que «ningún juez que tenga, como corresponde, adecuado el equilibrio para contener los accesos a partir de la garantía de debido proceso se vaya de ‘mambo'». «Habrá uno o dos que quieran tener sus 15 minutos de fama, será el precio que tendremos que pagar por profundizar derechos, pero no es una mala noticia, es una buena noticia», concluyó acerca del acuerdo regional.-
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