Los desafíos de un sistema penal moderno
El consejero y juez Penal, Contravencional y de Faltas, Gonzalo Rua, expuso su mirada convocado por la Asociación Misionera de Derecho Administrativo
En el marco de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas, el encuentro que se desarrolló el miércoles 9 desde las 19, fue transmitido en directo a través del canal de YouTube de la entidad misionera que coorganizó la charla junto al Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas.
El titular del Juzgado n.° 6 comenzó su exposición reconociendo que «cuando uno observa los reclamos que hay sobre el sistema de justicia penal en la actualidad, rápidamente advierte que estos reclamos han variado en el tiempo». «Es decir, si uno analiza el sistema penal en la década del 80, con la vuelta a la democracia, el funcionamiento de la justicia no tenía mayores reclamos, más allá del eventual dictado de una condena que redunde en una pena y demás», añadió. Incluso, recordó que «hasta la década del 80, cuando uno mira el funcionamiento de los sistemas de justicia, se da cuenta que la delincuencia que perseguían, era una delincuencia mas bien sencilla, sin mayores complejidades, un sistema que desde el crimen en si, no tenía mayor complejidad ni mayor organización». «Todo esto ha ido cambiando, como sabemos hoy sobre el sistema de justicia se presentan muchos desafíos que tienen que ver con las exigencias que la ciudadanía presenta sobre el sistema de justicia penal», completó.
Acerca del nuevo escenario ciudadano, el magistrado relató que «hoy se reclama mayor protección a la víctima y un apoyo interdisciplinario». «Las víctimas de violencia de género exigen -con justa razón- un tratamiento multidisciplinario que tenga en cuenta su salud física, su salud psíquica, la protección para evitar los nuevos riesgos, más allá de una eventual condena en el caso», agregó. «Pero no sólo nos tenemos que quedar en las víctimas, sino que observamos también -por otro lado- que los reclamos están centrados en la seguridad. Ya la ciudadanía no se conforma con reclamar seguridad de las fuerzas policiales o de prevención del delito, sino que (sin un conocimiento técnico) la ciudadanía intuye que la justicia alguna respuesta debe dar sobre el problema de la seguridad», sentenció.
Al respecto, alertó que «si una persona ingresa al sistema penal, pero luego o bien termina en un archivo o no se le da ningún tipo de respuesta, o no termina en ningún tipo de sanción; eso fomenta el ejercicio de actividades ilegales. Entonces, también vemos que no solo hay una tutela judicial efectiva que reclaman las víctimas, sino que hay problemas de seguridad que la justicia penal tiene que absorber y dar respuesta». Distinguió que no son lo mismo las víctimas de hechos de violencia vinculados a la propiedad, robos con armas en los que las víctimas buscan que se aplique una pena; que las víctimas sobre hechos menores. Explicó que «el sistema penal atrapa, es decir (a pesar del principio de última ratio) sabemos que por la hiperinflación del derecho penal, abarca un sinnúmero de conductas que algunas no tienen mayor lesividad». Entonces, señaló que «también tenemos víctimas que están vinculadas a hechos como daños simples, amenazas en contexto de una discusión, hurtos simples donde lo que busca una víctima justamente es la resolución del conflicto».
El hoy consejero, subrayó que «sería correcto también decir que otro de los desafíos del sistema penal radica en que sea un sistema ágil y dinámico para resolver conflictos, no solamente para aplicar una pena que a ninguna de las partes le importa demasiado».
Por otro lado, analizó el fenómeno de la criminalidad actual, y la caracterizó como «muy organizada». «Ya no tenemos delincuentes que no respondan a un sistema en sí, sino que la delincuencia -por lo general- responde a dos grandes diseños: Por un lado, el delito responde a un fenómeno social, como el de violencia de género, que requiere un abordaje mucho más amplio que el sistema penal; pero hay otras veces que el delito o el delincuente responde (la gran mayoría) a una visión de mercado», relató. Puntualizó entonces que «es poco probable que una persona que roba un vehículo, lo realice por sí mismo; sino que va a responder a una cadena de organizaciones que se va a ocupar de desmontar ese auto, proceder al desguace, vender autopartes, pasarlo por la frontera, etcétera». «De modo tal, que el crimen se ha organizado y si el sistema penal sigue trabajando con los viejos paradigmas de la década del 80, difícilmente va a poder cumplir esos desafíos que se ponen sobre sus espaldas», planteó.
Abordó también la cuestión misionera y su actualidad jurídica local, para luego dar paso al análisis de la oralidad. Sobre el particular, señaló que «el juicio oral es el escenario en el cual las partes pueden presentar alegatos, pueden observar toda la prueba de cargo, pueden controvertir esa prueba, presentar su propia prueba de descargo, y luego alegar, sobreargumentar sobre el peso de las evidencias». Advirtió que «si esos códigos, al momento de llevar a cabo el juicio oral, permiten mucho ingreso de información, la posibilidad de controvertir la información empieza a decaer, empieza a decaer el contradictorio y la legitimidad de la decisión termina siendo de baja calidad». «Esto por un lado, pero -por el otro- estos modelos suelen dejar muy poco espacio para las salidas alternativas al conflicto, esto es la posibilidad de arribar a un acuerdo reparatorio en la mayor cantidad de casos», completó.
De este modo, destacó que «todo este movimiento de reforma, que termina actualmente con lo que se denomina los códigos de tercera generación y ya empiezan a preocuparse por cómo legitimar la aplicación del poder punitivo y establecer mecanismos tales como el juicio por jurados, son los que vienen trabajando fuertemente y vienen constantemente pensando en cómo dar respuesta a estos desafíos que mencionábamos al inicio del encuentro». «Un movimiento de reforma que -dijo- empieza a establecer los sistemas acusatorios, que responde a nuestros paradigmas constitucionales», sentenció. Se remontó entonces a la etapa independientista en la región y subrayó que «en nuestras naciones hay una visión muy clara de que no queríamos el modelo de justicia inquisitivo de la vieja Europa y que nuestro modelo constitucional -finalmente- terminó siendo el modelo de la Constitución de los Estados Unidos, del cual el modelo de justicia esta establecido por un juicio por jurados». En su caracterización, argumentó que «es hablar de la calidad, es hablar de un sistema en el cual las partes están diferenciadas, y que toda la información ingresa al juicio oral a través de la prueba vertida en forma oral y con inmediatez».
Reconoció las críticas ciudadanas al funcionamiento de la justicia federal argentina y lamentó «los papelones a los que nos ha acostumbrado», que alertó irradian su mala imagen al conjunto de la justicia. Frente a todo ello, y como contrapunto, destacó que «las nuevas reformas, a lo que se orientan es a construir legitimidad, a veces abriendo los sistemas judiciales con información mas clara o con el ingreso del juicio por jurados; otras veces, buscando de alguna manera respuestas mas concretas a estas necesidades», concluyó Rua.-
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