Manes y Reynoso analizaron la desfederalización de delitos de la Ley de Estupefacientes
La presidenta de la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Silvina Manes y el consejero juez, Darío Reynoso participaron en la jornada “Desafíos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente a la desfederalización de delitos de la Ley de Estupefacientes”, que se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
La camarista Silvina Manes y el consejero juez Darío Reynoso participaron de la jornada “Desafíos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente a la desfederalización de delitos de la Ley de Estupefacientes” el pasado 9 de agosto en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, coorganizadas por el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal.
En primer lugar, la titular de la Cámara de Apelaciones participó del tercer panel “La justicia local frente a la desfederalización parcial de la competencia penal de la ley de estupefacientes”, junto al Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand y el Fiscal General Adjunto a cargo de la Fiscalía General porteña, Luis Cevasco.
Comenzó su charla abordando un análisis crítico basado en tres ejes: «La ley de estupefacientes, el abordaje de la ley de desfederalización y la competencia de la Ciudad de Buenos Aires y los desafíos que plantea a la Ciudad el haber adherido a la ley de desfederalización».
Manes sostuvo que «el tema de las drogas es una problemática muy compleja, en la que tanto en el discurso oficial como en los medios de comunicación sostienen la necesidad de contrarrestar el flagelo y encarar la guerra contra las drogas». «Pero nos olvidamos que las drogas permitidas como el tabaco y alcohol son las que tienen mayor incidencia en la franja etaria de los consumidores y los que provocan mayores perjuicios», aseveró.
«De todos modos hay que tener mucho cuidado de magnificar el peligro social existente transformándolo en penal: hay que ser sumamente restrictivo y adoptar la solución penal como ultima ratio», indicó. «También tenemos que tener en cuenta la necesidad de no penalización de enfermos y tóxico dependientes que demuestran un claro fracaso de políticas públicas de salud», expuso, y agregó: «El bien jurídico que es la salud pública es el que legitima la actividad punitiva y que crea un evidente control social hacia determinados sectores de la sociedad porque -lamentablemente- las prácticas de criminalización generan violencia y selectividad policial».
A continuación, se refirió al segundo eje de su exposición, el tema de la desfederalización parcial. «La ley 26052 es la que modifica las atribuciones jurisdiccionales en delitos menores – microtráfico», explicó, y añadió que «existe un núcleo problemático que es la falta de claridad sobre el criterio que determina la competencia del artículo 34 en detrimento de la competencia federal». Otra de las críticas es el «fraccionamiento de las investigaciones en contra o en detrimento de las persecución de los delitos más graves y de la criminalidad organizada, el dispendio jurisdiccional por conflictos de competencia -recargándose los tribunales locales con la consiguiente demora en el proceso-«; y «la indeterminación normativa de cantidades concretas de estupefacientes para determinar en el caso como tenencia o comercialización».
En el último eje, habló sobre «la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires a la ley 26052 y los desafíos que tiene la Justicia porteña por delante». Para ello, precisó que «el punto más importante es el diseño de una política criminal en materia de estupefacientes que necesariamente limite los efectos negativos de la propia decisión criminalizante desde el punto de vista normativo». Y apuntó que «es imprescindible una coordinación interinstitucional entre la justicia local y la federal».
Por otro lado, Manes afirmó que «va a ser imprescindible el contralor efectivo y estricto de la actividad policial, porque es necesario neutralizar los focos de corrupción y la afectación de derechos fundamentales que pueden generar las investigaciones en materia de narco menudeo en manos de la policía», así como «perseguir casos de mayor gravedad entro de las competencias menores asignadas, establecer criterios de persecución según el tipo cantidades y calidades de las sustancias y limitar las políticas curativas y educativas -porque son verdaderas penas y además por los costos que van a significar para la ciudad-«. Y advirtió acerca del problema que constituye «la falta de cárceles propias, de servicios penitenciarios propios y de laboratorios propios» en la Ciudad de Buenos Aires.
«La justicia de la Ciudad de Buenos Aires enfrenta un enorme desafío que está vinculado sobre todo al reconocimiento de competencias propias. Pero de la capacitación de los operadores judiciales, de contar con los recursos necesarios -que debo decir que no son pocos- y la utilización de criterios de política criminal racionales que tengan en cuenta los parámetros señalados, depende que se coadyuve en la investigación de la criminalidad organizada que está en manos de la justicia federal, evitando la persecución de enfermos y de la población vulnerable», concluyó la presidenta de la Cámara de Apelaciones porteña.
A continuación, el consejero y juez del fuero Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Darío Reynoso fue quien tuvo a su cargo, el cierre de las jornadas donde señaló que «estuvieron pensadas para poder analizar también cuáles son los desafíos que, vamos a tener, a partir de asumir las competencias que por convenio fueron transferidas por la aceptación del tercer convenio que hizo la Legislatura a fines del año pasado, y estableciendo una aceptación gradual de estas competencias y concretamente, el del narcomenudeo es una de las competencias asumidas que mayor cantidad de casos va a traer a la justicia local”.
“El Poder Judicial, tanto desde el Ministerio Público Fiscal como desde los jueces, defensores, defensorías públicas no deben perder de vista que todo este combate a este flagelo, a este delito, debe hacerse dentro del marco de la legalidad, debe hacerse dentro de las garantías constitucionales”, expresó.
“En definitiva, creo que ha sido una mirada que hemos tenido hoy abarcativa respecto a este tipo de delito y acerca de cómo estamos preparados para enfrentarlo. Y como lo señaló Luis [en referencia al Fiscal General Luis Cevasco], yo soy muy optimista con respecto a esto, porque contamos con el material humano para poder llevarlo a cabo, tanto desde el Ministerio Público como desde los jueces”, concluyó Reynoso.-
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