Multa por impedir una inspección

Por el 13 mayo 2014

Una empresa cuestionó la multa de cinco mil pesos que le impusieron por obstruir el ingreso de un inspector del trabajo, pero en la Justicia de la Ciudad rechazaron su demanda. foto_3

La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, confirmó una sentencia que rechazaba la demanda iniciada por una empresa contra una resolución de la Dirección General de Protección del Trabajo que le impuso una multa por impedir el ingreso de un inspector.

La empresa, que fabrica y vende insumos de oficina e informática, argumentó en su apelación que no había obstruido el ingreso del funcionario, sino que la persona que lo atendió manifestó que no estaba autorizada a permitirles el ingreso y que era irrazonable pretender que en 15 minutos se apersone alguien autorizado para ello, tal como el inspector había intimado.

En la sentencia dictada el pasado 30 de abril, los jueces Mariana Díaz y Carlos Balbín advirtieron que la ley 265 establece que “la obstrucción a la actuación de la Autoridad Administrativa del Trabajo que la impidan, perturben o retrasen de cualquier manera es sancionada, previa intimación, con multa” de entre doscientos y cinco mil pesos. Asimismo, la norma dispone que sus inspectores tienen la facultad de “entrar libremente, y sin notificación previa, a cualquier hora y en el momento que así lo crean conveniente, en todo establecimiento situado en el territorio de la Ciudad”.

En este sentido, los magistrados entendieron que corresponde rechazar la apelación ya que “tanto la intimación exigida legalmente como la infracción propiamente dicha han quedado demostradas” e, incluso, la misma empresa reconoció lo sucedido. Respecto de la razonabilidad de los 15 minutos de tolerancia para la imputación de la infracción, afirmaron que “tal plazo es concordante con las facultades legales establecidas” y, por último, destacaron que la empresa no cuestionó la razonabilidad del monto fijado ni discutió del análisis de los parámetros que tuvo en cuenta la Autoridad Administrativa para su determinación.