Rua expuso en México sobre la justicia digital en tiempos de pandemia
Gracias a la virtualidad el consejero y juez Penal, Contravencional y de Faltas participó de un encuentro para analizar los nuevos desafíos que impuso la pandemia
El consejero y titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas n.° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, Gonzalo Rua, participó el viernes 21 de mayo como expositor en el Ciclo de pláticas virtuales «Experiencias y buenas prácticas en la impartición de la justicia digital», que organizó el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León (México). En esta oportunidad, la convocatoria fue bajo el título «La justicia digital: Experiencias comparadas», y compartió el encuentro con el magistrado integrante del Primer Tribunal de Alzada en materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Fernando Díaz Juárez; y el Jefe de la Sala Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú), Bonifacio Meneses González.
En su exposición, el magistrado porteño inició su ponencia aclarando que «Argentina como país federal, al igual que México, tiene una realidad que depende de cada uno de sus estados. En ese sentido, tenemos 23 provincias y cada cual tiene su sistema de justicia penal, civil, comercial y luego tenemos la justicia federal. En líneas generales, yo como juez en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires debo decir que el distrito siempre ha estado a la vanguardia de la justicia moderna, la justicia más cercana a la comunidad». «Sin embargo, siempre he mirado con sana envidia el sistema de funcionamiento de la justicia de México desde el año 2014 o 2015, donde tenían sistemas tecnológicos para revisar videollamadas en los centros carcelarios y demás, con mis amigos que estaban trabajando en el Consejo de la Magistratura y jueces», añadió. «Recuerdo muchos diálogos con el magistrado Cadena, que nos mencionaba y mostraba los avances tecnológicos. A pesar que Buenos Aires es la que tiene un mayor avance tecnológico, antes de la pandemia teníamos solamente pruebas pilotos o experiencias que se iban posponiendo en el tiempo y no lograban avanzar más allá. Había una resistencia muy grande; lo que teníamos era un expediente digital como prueba piloto que todavía no era obligatorio, y se mantenía el papel», explicó. «Excepcionalmente teníamos la posibilidad de hacer audiencias remotas pero se exigía una justificación de las partes de por qué no podían llegar al lugar donde se realizaba las audiencias. Se veían de manera muy clara los inconvenientes cuando los jueces penales estaban de turno y donde teníamos que firmar en papel, sacar una foto a un pedido de allanamiento de detención y enviarlo por WhatsApp. Toda una cuestión muy artesanal», completó.
Sobre la pandemia, indicó que obligatoriamente se avanzó con el expediente digital; y confesó (en tono crítico) que si debiera caracterizar la situación previa, diría que era una situación «bien híbrida» con pequeños avances.
En su segunda intervención, Rua reconocío que al partir desde más atrás, primero se debió «readecuar el funcionamiento del sistema». «Esto genero algunos inconvenientes al inicio, razón por la cual tuvimos un pequeño periodo de suspensión de plazos para readecuar todo el sistema», recordó. «Yo diría que se tomaron cuatro grandes ejes para avanzar y poder dar un sistema de justicia que sea eficaz, pero a la vez respetuoso de las garantías de los ciudadanos que se ven involucrados en el sistema», sintetizó.
En primer lugar, señaló que «se abandonaron los planes piloto de sistemas tecnológicos, para tomarlos directamente como planes obligatorios». Esto en el sistema de justicia -dijo- fue interpretado de manera correcta, en el sentido que había que dar este paso si o si, que estábamos atrasados y se estableció rápidamente ni bien comenzó el periodo de pandemia la obligatoriedad de la firma digital y el Expediente Judicial Electrónico. «Esto género que esa doble vía que tenían los juzgados de manejar todavía papel o manejarse electrónicamente pierda sentido; los juzgados a los cuales dejamos de concurrir por la pandemia quedan con los expedientes en papel allí abandonados y todo pasa a ser digital, con la firma obligatoria», sintetizó.
Acerca de la segundo eje, sostuvo que se tomó una medida que «tiene que ver con esta antinomia fundamental de garantías y eficacias que constantemente en el Poder Judicial tenemos que estar mirando hacia ambos mundos, y está centrado en la obligatoriedad de realizar audiencias remotas«. Relató que el Consejo de la Magistratura local brindó los mecanismos necesarios para poder generar distintas salas de audiencia virtual. «Este fue un gran avance, pero también generó una complejidad, que tiene que ver con cómo logramos establecer mediante un sistema virtual un buen manejo de audiencias que sean eficaces y a la vez respetuosas de las garantías, sobre todo en materia penal», añadió. «Todos sabemos que para que el Estado pueda legitimar un castigo se requiere de un proceso en el cual tengamos un juicio oral y público bajo determinadas garantías que han sido establecidas a lo largo de los años en los diversos tratados y convenciones internacionales. Formato de juicio oral con la inmediación no es una idea establecida en un Código, sino que es un concepto que le da legitimidad al sistema», sentenció. Frente a las preguntas de parte de abogados defensores y defensores públicos acerca de las garantías constitucionales en el proceso penal cuando el juicio oral no se hace de manera presencial, sostuvo que desde el organismo se estableció de manera consensuada «una guía de buenas prácticas para los juicios orales virtuales, remotos o semipresenciales».
El tercer eje tuvo que ver con el acceso ciudadano a la justicia. «Reforzamos mucho nuestro sistema de denuncias virtuales a través de mails de respuesta inmediata, como así también a través de los 0800, los sistemas de llamada en el cual uno puede hacer la denuncia», explicó el juez. Y agregó que se optimizó desde el Ministerio Público Fiscal todo ese sistema para que la respuesta sea inmediata.
En lo que refiere al cuarto eje, abordó el tema de la regulación del teletrabajo. Allí habló sobre la creación de la Comisión COVID-19, que impulsa el diálogo con los distintos actores de la actividad judicial.
En su tercera participación, celebró que se puedan generar más audiencias de manera remota. El consejero aseguró que se va a continuar con los expedientes digitales, la firma digital, y pronosticó que seguramente se avanzará con la firma digital en dispositivos celulares. Pero no me imagino un escenario -expresó- donde las víctimas no puedan tener el contacto directo con los jueces, tampoco un escenario donde los imputados en una audiencia de juicio oral no puedan tener el juez presente; y que el juez resuelva en el momento. «Esos son valores en los que creo que no tenemos que claudicar y no tenemos que perderlos», completó.
Ante la pregunta acerca de los nuevos retos de la justicia, el titular del Juzgado n.° 6 explicó que «lo que tiene la justicia es el mismo reto constante que no ha logrado cumplir, gestionar los conflictos«. «Entonces, el primer punto que tenemos que tener presente es que, si partimos de la base de justicia es un servicio de la comunidad, el reto sigue siendo el mismo reto incumplido que es gestionar los conflictos de manera eficaz», añadió. Criticó luego las respuestas meramente tecnocráticas que no apuntan a la resolución de los conflictos; y reconoció la utilidad de la inteligencia artificial solo en lo que refiere a los trámites previos a la resolución y lo que tenga que ver con procesos ejecutivos. Abogó por el avance de la oralidad y porque quede registro de las mismas.
Posteriormente, subrayó que «la tecnología busca generar información para poder construir canales más dinámicos y eficaces de comunicación por la ciudadanía». Reconoció que a los poderes judiciales les cuesta mucho abrirse y tener «cercanía»; como también reconoció la falta de costumbre de aprovechar la tecnología y hacer uso de las estadísticas cotidianamente. «Creo que sigue siendo el mismo desafío de la justicia, sólo que la tecnología nos permite tener nuevas herramientas para acercarnos a la comunidad y para dar respuestas más certeras, a los fenómenos más complejos que demanda el servicio de justicia», concluyó.
En el cierre, Rua agradeció la oportunidad de dialogar sobre las experiencias comparadas latinoamericanas y ponderó los avances de la experiencia mexicana como peruana.-
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