Casas: «La garantía del proceso acusatorio fue lo primero que tuvimos que aprender culturalmente»

Por el 13 de agosto de 2021

Lo expresó el juez titular del juzgado N°10 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Pablo Casas, en relación a la crisis del sistema inquisitivo, durante el encuentro virtual «Etapa de Investigación y Facultades Investigativas de la Defensa y la Querella»

El juez titular del juzgado N°10 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Pablo Casas, expuso en el «Primer Ciclo de Charlas: Debates y discusiones actuales sobre el proceso penal de la CABA para abogados» el pasado 10 de agosto por el Canal de YouTube del Centro de Formación Judicial CABA.

El encuentro, organizado por la Comisión de Transferencia del Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público de la Nación a la CABA, a través de su Presidente Coordinador el consejero juez Gonzalo Rua, tuvo como tema a desarrollar la «Etapa de Investigación y Facultades Investigativas de la Defensa y la Querella». Además de Casas, contó con la participación de Gabriela Marquiegui Mc Loughlin y Ernesto Nahijhián, y la moderación de Daniel Fariña.

En la presentación, el consejero juez Gonzalo Rua expresó «una enorme satisfacción en invitar a los abogados a nuestra casa, el Centro de Formación Judicial, que es donde tratamos de debatir y generar nuevas propuestas y ideas y ver cuáles son las dificultades que tiene hoy el  abogado en la práctica profesional». Indicó además algunas de las cuestiones que surgieron en el momento de coordinar la charla, tales como «debatir y pensar desde el Poder Judicial nuestro proceso penal». «Todo aquello que nosotros hemos trabajado y hemos observado como bloques teóricos de las facultades investigativas que tiene un querellante y que tiene un defensor, ver qué ocurre en la práctica, repensar, redefinir y empezar a mirar siempre desde una visión crítica, que nos permite construir el proceso penal«, ahondó Rua.

Por otra parte, Casas al comenzar su exposición sostuvo: «Yo también me formé en un sistema mixto nacional federal que aún hoy subsiste, y la garantía del proceso acusatorio fue lo primero que tuvimos que culturalmente aprender, se trata de una cuestión de interiorizar y corrernos de algo que estábamos acostumbrados y formados en esa escuela y en esa forma de entender el paradigma judicial».

A continuación, respecto a este cambio de paradigma, precisó que «abogados, abogadas e incluso estudiantes cuando se acercan al derecho penal todavía tienen remoras muy fuertes por ejemplo de la averiguación de la verdad real». «Se cree que nosotros tenemos capacidad de sostener esa ficción de un sistema inquisitivo que es irrealizable ya por funciones«, agregó.

Luego, se refirió a la idea que sigue rigiendo en nuestra comunidad de la Justicia «que sale en los medios»: «la Justicia Federal o Nacional que todavía insiste con ese juez que investiga, produce prueba, esa es la imagen y eso es lo que nos cuesta como personas del Derecho».

«De la conversación de este encuentro, surge la necesidad de trabajar en la reglamentación, porque ya se nota un desbalanceo entre lo privado y lo público. La Ciudad de Buenos Aires tiene el privilegio de ser una de las ciudades más ricas de nuestro país, donde se cuenta con recursos extraordinarios con relación a otras justicias locales, y se cuenta con una defensa pública que tiene muchísimos recursos humanos y económicos», indicó el titular del juzgado 10.

«Culturalmente las agencias que auxilian a los Poderes Judiciales siguen dentro de esas lógicas inquisitoriales donde no estamos acostumbrados a un proceso acusatorio donde se requiere de garantizarle a la defensa la posibilidad de investigar», expresó por otro lado, y señaló que «no se puede obligar a las defensas que revelen prueba en contra de los intereses de sus defendidos y tampoco se le puede vedar la posibilidad de acceder a cierta información».

«La dinámica del trabajo judicial muchas veces demuestra que la oportunidad en términos de estrategia es esa evidencia plantearla en la producción de un debate oral y público, porque puede ser también interés de un acusado que se ventile la acusación que está teniendo en su contra en un debate», precisó a modo de ejemplo.

«Creo que tiene que ver con estas resistencias culturales que llevamos en términos de formación, somos una sociedad que está viviendo en democracia hace muy poco, que las instituciones son muy jóvenes, recién nacidas, y este Código Procesal recién vio la luz y se va trabajando, corrigiendo y advirtiendo estas necesidades de plantear con el Poder Legislativo una reglamentación y que esto quede más claro, porque insisto que hay diferencia entre la defensa privada y la defensa pública y tampoco es sano que eso suceda», expresó ya resumiendo su exposición.

En cuanto a la violencia de género, problemática muy trabajada por el juez Casas y su juzgado penal, sostuvo: «Creo que la defensa puede y debe tomar contacto con la prueba, con su contexto, y que deben buscarse formas de respetar la problemática y el desafío que enfrentan las defensas para implementar la perspectiva de género incluso cuando está defendiendo a agresores, porque también es una obligación del defensor por ser parte del Estado». «Yo no puedo pensar en que una defensa va a hacer mentir a los testigos, o revictimizar a la víctima con estereotipos y cargándole a la mujer con males peores o sumarles a los que ya está sufriendo», sumó.

«Entiendo que también tienen áreas especializadas, la Defensa Pública, y que las defensas privadas también pueden contar con el asesoramiento de personal profesional, con equipos interdisciplinarios abordar la cuestión. Porque los casos de violencia de género son tan particulares y multidimensionales que pueden aportar a un sistema judicial donde haya una escucha de la víctima, una posibilidad de integrar el interés del propio acusado, porque en definitiva lo que estamos buscando es una modificación de conductas, y la relación que hay entre varones y mujeres y otras identidades subalternas», expuso hacia el final de su presentación.

«Es sano que debatamos, y debemos confiar en nuestros operadores, incluidos los abogados particulares. La solución es sancionar todo aquello que esté mal, pero mientras tanto confiar porque es la forma en la que se construyen los sistemas democráticos en sus tres poderes», concluyó Casas.