No nos hagamos los distraídos: el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está en peligro
La reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que finaliza este 15 de junio en República Dominicana es un punto de inflexión en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La decisión que adopten los Estados Miembros de la OEA en relación con su principal órgano de promoción y protección de los derechos humanos en la región significará un antes y un después en el afianzamiento o en la desaparición de un baluarte de la dignidad humana que debe ser defendido sin mezquindades.
Cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos que tiene como función principal la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Fue creada en 1959 y, conjuntamente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH).
A través de tres mecanismos de tutela, la CIDH realiza su trabajo: el sistema de petición Individual; el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros, y la atención a líneas temáticas prioritarias. Así como el reconocimiento que a través de estos mecanismos obtienen los resultados sobre los informes anuales, por país o temáticos que realizan las Relatorías sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos de las Mujeres, Derechos de los Migrantes, Derechos de la Niñez, Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Relatoría Especial sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Revisten particular importancia las visitas in loco a los países miembros, la última realizada la semana pasada en Chile.
Resulta evidente entonces, ante la importancia de las funciones que la Comisión desarrolla, la gravedad que significa la disminución de las contribuciones voluntarias de los países miembros. Desde la adopción de la Carta Democrática Interamericana como parte del corpus iuris del SIDH el 11 de setiembre de 2001, la OEA sufre luchas internas que le han hecho muy mal a la CIDH. Los países que integran el ALBA encabezados por Venezuela, Estado miembro que denunció el Pacto de San José de Costa Rica, cuestionan la columna vertebral de la organización regional: la democracia republicana. Con un persistente menoscabo al valor de la libertad de expresión como eje, también Ecuador y Bolivia han puesto en jaque el SIDH, primero con enfrentamientos ideológicos con la Relatoria Especial del tema, ahora apelando directamente a una campaña de desfinanciamiento de la CIDH.
Frente a esta cuestión, no nos podemos hacer los distraídos. Los que sostenemos la eficacia del control de convencionalidad y asumimos como operadores jurídicos las obligaciones de respetar la Convención Americana de Derechos Humanos y de adoptar las medidas necesarias en el derecho interno para cumplir con el mandato de protección de los derechos allí contenidos debemos levantar la voz en defensa de un órgano como la Comisión que está siendo virtualmente vaciado por algunos de los Estados Miembros de la OEA.
La subsistencia de la CIDH en ejercicio pleno de sus funciones hace a la calidad democrática de nuestros países. En la Argentina, que tiene una deuda de honor desde el Informe de 1979 que permitió salvar muchas vidas en medio del terrorismo de Estado, el compromiso debe ser aún mayor.
La Argentina debe contribuir de manera clara e indubitable a que el Sistema Interamericano no sea vaciado de contenido. Sería muy oportuno que la donación de más de un millón de dólares que el gobierno ofreció a una organización no gubernamental impulsada desde el propio Estado del Vaticano, y que fuera rechazada por su máximo representante, sea destinada a fortalecer a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha demostrado en su funcionamiento una eficiencia de la que pueden dar testimonio las víctimas.
Exijo como operador del SIDH y “juez convencional” que el gobierno esté a la altura de las circunstancias históricas del momento.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de Junio de 2016.
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