“El proyecto de ley nacional de información pública limita el acceso, es una norma regresiva”
Lo afirmó el juez Guillermo Scheibler al analizar el proyecto que cuenta con media sanción de Diputados, durante su participación de la Mesa redonda: “Acceso a la Información. Libertad, Privacidad y Transparencia”. Organizada por el Centro de Formación Judicial, la mesa contó con la presencia del presidente del Consejo de la Magistratura, Enzo Pagani, la participación del profesor italiano Piergiussepe Otranto, quien se refirió a la experiencia italiana en materia de digitalización de la administración pública, y la ponencia del Procurador General de la Ciudad, Gabriel María Astarloa. El presidente de la Cámara CAyT, Fernando Juan Lima, en el rol de moderador, remarcó que “la intervención de la justicia no debería ser la norma en el acceso a la información”, y planteó la necesidad de contar con herramientas para el acceso amplio de la información generada por la administración pública, incluyendo al Poder Judicial.
El derecho a la información, el acceso a la misma, las políticas públicas en favor de la transparencia, las nuevas tecnologías y la normativa vigente y en debate, fueron los puntos centrales abordados el pasado miércoles 17 de agosto en la Mesa Redonda: “Acceso a la Información. Libertad, Privacidad y Transparencia”, organizada por el Centro de Formación Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Ante un numeroso público, entre el que se destacaba la presencia de gran número de jueces del fuero Contencioso Administrativo y Tributario local, el presidente del Consejo de la Magistratura de la CABA, Enzo Pagani, dio inicio a la actividad remarcando, en sus palabras de apertura, que “el acceso a la información pública es un eje de política judicial en el que nuestro Consejo está enfocado”.
Tras las palabras de bienvenida de rigor, el presidente de la Cámara CAyT, Fernando Juan Lima, en el rol de moderador, cedió la palabra al primer disertante, el juez Guillermo Scheibler, quien efectuó un análisis sobre el proyecto de ley nacional de acceso a la información, el cual ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
“A nivel nacional no hay una ley genérica, existe el Decreto 1172 del 2003 el cual es bastante bueno, pero de difícil aplicación por fuera del ámbito del Poder Ejecutivo nacional. El proyecto actual, en lugar de copiar y mejorar el Decreto, tiene diseminado en su texto una serie de ‘trampas’ o cuestiones sutiles que desvirtúan la iniciativa. Si se aprueba en el Senado tal y como se aprobó en Diputados, empeorará la situación actual, ya que limita el acceso a la información pública; es una norma regresiva”, afirmó el magistrado porteño.
Scheibler detalló los puntos por los cuales sostiene que la iniciativa en debate en el Congreso “protege menos el derecho al acceso a la información”, violando el principio de no regresividad. “El principio general de acceso a la información es el de máxima divulgación, con excepciones como la información que afecte a la intimidad. Por un lado están los datos personales –nombre, DNI, profesión-, y por otro los datos sensibles –orientación política, sexual, religiosa, estado de salud-. Todas las normas locales establecen como excepción los datos personales de carácter sensible, sin embargo el legislador nacional quiso innovar y puso ‘datos personales’, sin señalar la sensibilidad de los datos. Esto limita el acceso a la información, ya que los datos personales abarca tanto a personas físicas y jurídicas, mientras que los datos personales sensibles sólo se refieren a personas físicas, ya que las personas jurídicas no tienen intimidad”, señaló.
Y subrayó: “La ley que tiende a proteger la información pública protege más los datos personales que la propia ley de datos personales. Este proyecto amplía las excepciones y restringe a su vez los sujetos obligados. Las empresas que cotizan en bolsa no están obligadas a brindar información pública, lo que permitiría que empresas de servicios públicos que coticen en bolsa no estén obligadas a brindar información”.
El juez porteño, también mencionó que entre las excepciones establecidas en el proyecto de ley nacional, se encuentran los secretos industriales, patentes, que afecten la competitividad. “Esta fue una de las razones que expuso YPF para no brindar información por Chevron. Con esta ley, la Corte no podría haber dictado el fallo que dictó. Espero que se le hagan retoques al proyecto en favor del acceso y la participación ciudadana”, concluyó Scheibler.
Antes de presentar al siguiente expositor, el camarista Fernando Juan Lima realizó una breve reflexión y remarcó que “la intervención de la justicia no debería ser la norma en el acceso a la información”. “Hay que pensar en herramientas para el acceso a la información en sentido lato; una posibilidad es internet, para que se pueda tener acceso a todo lo que se hace en la administración pública, incluyendo al Poder Judicial”, dijo, para luego presentar al profesor Piergiussepe Otranto, quien brindó una clase magistral sobre “Internet y Organización Administrativa en el ordenamiento italiano”.
Entre los numerosos conceptos expuestos, el expositor internacional destacó el error de diversos gobiernos italianos en creer que “con la digitalización de la administración pública se pueden curar males reales del país”, mencionó la “brecha digital” que se abre entre quienes manejan las herramientas tecnológicas y quienes no, y subrayó que “al romper el canal analógico en la relación ciudadano-administrador, y migrar esa relación a la digitalización, surge el derecho a acceder a internet, ya que para tutelar el derecho ciudadano a la información debe tener acceso a internet garantizado”.
“A medida que la relación ciudadano-administración avanza hacia la digitalización, se vuelve cada vez más central para los juristas quién controla y gobierna la red, para garantizar que la red siga funcionando ante cualquier adversidad. Se ha demostrado que el gobierno de Estados Unidos que generó la red sigue teniendo control sobre ella. Los jueces deben estar atentos a la tecnología y su manejo”, reconoció Otranto.
Finalmente tomó la palabra el procurador General de la Ciudad, Gabriel María Astarloa, centrando su ponencia en “Nuevas tendencias, realidades y desafíos”, y remarcando que “el acceso a la información es un derecho, una libertad, ligado a la transparencia, y por lo tanto también a la publicidad, la divulgación, el control y, su contra cara, la corrupción”.
“El acceso a la información está emparentado con la lucha contra la corrupción. La ley nacional de acceso a la información puede servir como prevención de hechos de corrupción”, expresó, recogiendo las observaciones efectuadas por el juez Scheibler, y afirmando que “hay un compromiso del Gobierno Nacional, de la Ciudad y la Provincia de modernizar y transparentar el Estado”.
Como conclusión, Astarloa sostuvo que “la cara actual del clamor patriota de mayo de 1810, ‘el pueblo quiere saber de qué se trata’, es el acceso a la información pública”, y enfatizó: “El dueño de la información no es el Estado, es el ciudadano”.
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