Rechazan la recusación del juez a cargo de la causa por las morgues porteñas
El Gobierno de la Ciudad aducía “prejuzgamiento” y “enemistad manifiesta” del magistrado Roberto Gallardo, pero en base a un dictamen de la fiscal de Cámara le denegaron su pedido para apartarlo.
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad desestimó el último 9 de abril la recusación del titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, Roberto Gallardo, en la causa por la que se investigan irregularidades en las morgues de los hospitales porteños.
Los magistrados Esteban Centanaro y Hugo Zuleta se remitieron en su voto por mayoría al dictamen de la fiscal de Cámara Daniela Ugolini, quien en septiembre de 2013 había opinado que correspondía rechazar la recusación por considerar que los argumentos expuestos en el planteo del Gobierno de la Ciudad no alcanzaban para configurar las causales de recusación. Entre otros argumentos, había expresado que sus fundamentos demostraban tan sólo “discrepancia con lo decidido por el juez”. Respecto de la enemistad invocada por el Gobierno, había señalado que ésta “no puede experimentarse con respecto a una persona jurídica de carácter público, como lo es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
La jueza Gabriela Seijas, en disidencia con la decisión de Centanaro y Zuleta, planteó por su parte que las manifestaciones vertidas en un informe elaborado por el propio Gallardo “dan cuenta de que el magistrado ya habría asumido una posición con respecto a las actuaciones”. Por este motivo, entendió que se habría configurado prejuzgamiento.
La causa en la que se intentaba recusar al magistrado se inició cuando el Gobierno requirió autorización para inhumar veintitrés cuerpos que se encontraban en las morgues de distintos hospitales de la Ciudad. Al advertir que la documentación adolecía de serias deficiencias, el juez adoptó medidas que demostraron la existencia de irregularidades en los depósitos de cadáveres.
Caída la recusación, la Ciudad interpuso un recurso de inconstitucionalidad que debe ser aún resuelto por la Cámara.
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