“La participación es una herramienta para la materialización de derechos”

Por Redacción iJudicial el 17 de noviembre de 2014

Lo afirmó el juez porteño Guillermo Scheibler en el marco de su exposición sobre “Presupuesto participativo en la Ciudad” brindada durante la VI Jornada de Actualización del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires para el fuero Contencioso Administrativo y Tributario. Mayor transparencia y eficacia en las políticas públicas, dos de las consecuencias positivas de la participación ciudadana en materia presupuestaria.

En el marco de las VI Jornadas de Actualización Judicial para el fuero Contencioso, Administrativo y Tributario, que se llevó a cabo el 4 de noviembre en la Facultad de Derecho de la UBA, el titular del juzgado N°13, Guillermo Scheibler, expuso sobre el “Presupuesto participativo en la Ciudad”, analizando el estado actual del mismo y estableciendo una relación entre el presupuesto, y la posibilidad de materializar los Derechos Humanos.

“La participación, tiende a lograr que los recursos rindan más, que se ejecuten más transparentemente, y que se adopten medidas más apropiadas, por ende, van a ser más eficaces en la satisfacción de los derechos”, afirmó el juez planteando la existencia de “una relación de necesidad entre la materialización de los derechos económicos, sociales y culturales, y la participación”.

En el desarrollo del tema expuesto, Scheibler resaltó la obligación de los actores del estado de “adoptar los métodos y medidas apropiadas para lograr la efectividad de esos derechos”. “Qué mejor que dar participación a los involucrados, y a las personas que estén en necesidad de hacer efectivos sus derechos, para que puedan decir qué es lo que necesitan, y no que venga desde la administración centralizada una política definida, que muy probablemente no se adecue en un ciento por ciento a las necesidades”, subrayó.

El magistrado también remarcó que la participación ciudadana en materia presupuestaria “hace también a la materialización de otros derechos, como los civiles y políticos, que tienen que ver con la dignidad, el principio de autogobierno, el derecho a no ser un mero receptor de subsidios de las políticas públicas”.

“Con la participación se genera un cambio en el rol de la persona. Se pasa de ser un mero objeto de decisiones y políticas públicas que vienen desde ‘arriba’, a ser parte involucrada, a ser sujeto de derecho que ejerce su derecho político a decidir, a participar y a controlar”, afirmó.

Pero, de acuerdo a los postulados del magistrado, la participación en materia presupuestaria no sólo permitiría una “mayor efectivización en materia de derechos económicos, sociales y culturales”, su implementación también colaboraría a “una mayor eficiencia, una mayor transparencia, y una mayor eficacia en las políticas públicas en la materia”.

Tras detallar los puntos positivos de la participación ciudadana en el diseño del gasto público, el titular del juzgado N° 13 en lo CAyT, reconoció que “más allá de la clara normativa que existe al respecto y de los pronunciamientos judiciales, si no hay una voluntad política, es muy difícil avanzar en la materia”.

“La Constitución de la Ciudad tiene un sinnúmero de mecanismos de participación y muy sensibles, como la revocatoria de mandato -es decir, la posibilidad de revocar el mandato del Jefe de Gobierno-. También contempla la iniciativa popular, el referéndum, la descentralización en Comunas, y establece la existencia de consejos, como el de la Juventud, de Planificación Estratégica, o el Consejo Económico y Social. Absolutamente todas esas formas de participación que están establecidas en la Constitución de la Ciudad tienen su reglamentación legal. La única forma de participación que no tiene reglamentación legal es el presupuesto participativo”, subrayó.

Finalmente, y luego de reconocer el rol “estratégico” que tiene la política presupuestaria, el magistrado mencionó la existencia de proyectos sobre este tema en la Legislatura, y remarcó la necesidad de un debate profundo y sincero sobre “la participación, como herramienta para la materialización de los derechos económicos sociales y culturales”.