Capital humano y usuarios: actores centrales de la gestión judicial
El juez porteño Juan Gustavo Corvalán fue parte de la jornada “Acceso a la Justicia, un desafío permanente” organizada por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. En su exposición, destacó el rol de los recursos humanos y las necesidades del justiciable en el servicio de justicia. “Hoy en día, la premisa no es el juicio de uno contra uno, sino el juicio de muchos que aspiran a salir de una determinada situación y van a la justicia para salir de ella”, afirmó.
En el marco de la jornada “Acceso a la Justicia, un desafío permanente”, que se llevó a cabo el pasado miércoles 15 de octubre en la sede de Beruti de los tribunales porteños, el titular del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°19, Juan Gustavo Corvalán, participó del panel de expositores denominado “Acceso a la Justicia: Experiencias regionales”, donde disertó acerca de la importancia de brindar y garantizar un adecuado servicio de justicia.
El magistrado, aseguró que los operadores jurídicos deben intentar que “los líderes de las organizaciones judiciales cambien su enfoque, porque la única manera de prestar un adecuado servicio de justicia, es entendiendo que hay que poner al capital humano y al usuario, como actores centrales de la gestión judicial”. Al mismo tiempo, destacó aspectos concretos del acceso a la justicia respecto de los sectores más vulnerables, y elaboró una serie de propuestas en torno al rol del juez en cada juzgado para mejorar no sólo el servicio hacia la comunidad, sino también consolidando un equipo de trabajo a fines de desarrollar el accionar interno de manera conjunta, logrando optimizar los resultados.
Reflexionando sobre los artículos 17 y 18 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que garantizan en ejercicio de derechos de los sectores más vulnerables y establece la obligación del gubernamental para asistencia a las personas con necesidades básicas insatisfechas, el juez Corvalán manifestó que los principios y premisas de la carta magna local “cristalizan el cambio de paradigma del Estado liberal al Estado social”.
“La asunción de un Estado social, determina que hay que modificar muchas herramientas, que están previstas y desarrolladas para un estado liberal”, remarcó el magistrado, señalando que es en este marco cuando se originan inconvenientes a la hora de juzgar conflictos, o aparecen problemas de acceso a la justicia, ya sea a nivel normativo, interpretativo, de infraestructura, o de política y gestión judicial.
Durante su exposición, el juez afirmó que “no alcanza con un Estado que impida que se vulneren derechos”. “Hoy en día lo que se le reclama al Estado, es que cumpla obligaciones de hacer, lo que se llama Estado prestacional”, agregó, destacando que este reclamo deviene en un problema que hay que abordar, ya que este Estado prestacional, abarca casi todos los derechos económicos, culturales y sociales, y que constituyen el 70% del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires.
“Un Estado en el cual hay que garantizar pisos mínimos, tratar de cumplir con el principio de progresividad, sacar a los más vulnerables, y hacer que comiencen a ejercer efectivamente sus derechos, involucra un desafío que en general, los operadores del derecho no están acostumbrados: relevar, segmentar, priorizar y jerarquizar”, sostuvo el magistrado, haciendo foco en que “el principal desafío es detectar a los más vulnerables y segmentarlos, estableciendo un plan para optimizar los recursos presupuestarios”. Además, agregó que “no se trata del poder y las prerrogativas, sino de la dignidad humana y la igualdad” tomando en cuenta que “ya no sirve reclamar derechos, sino que la premisa central del nuevo escenario es la efectividad de los mismos”.
Al momento de reflexionar sobre el por qué las legislaciones procesales no están preparadas para un Estado social, las razones citadas por el magistrado, abarcaron los conceptos de ausencia de una legitimación. Respecto a ello, aseguró que “la legitimación que se exige como regla es pensada para un estado liberal de un juicio de uno contra uno”. “Hoy en día, la premisa del Estado social, no es el juicio de uno contra uno, sino el juicio de muchos que aspiran a salir de una determinada situación y van a la justicia para salir de ella”, subrayó.
Profundizando sobre cuestiones específicas del acceso a la justicia por parte de los tribunales, el juez Corvalán, enfatizó en la necesidad de horizontalizar la función de los titulares de los mismos, dejando en claro que esto no tiene que recaer en abolir con las jerarquías del código procesal y el reglamento para la Justicia. Su análisis, tuvo como eje principal fomentar el diálogo interno con diferentes estrategias comunicativas, a fines de comprometer humanamente a los integrantes del juzgado con la gestión judicial. Tomando como premisa fundamental la constante capacitación y el compromiso desde la alta dirección hacia los integrantes del equipo, es como, en opinión del magistrado, es posible lograr el compromiso de los integrantes de los tribunales hacia la comunidad.
La jornada, fue inaugurada por el Secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de la Magistratura, Jorge Enríquez, y por el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo. El panel de expositores estuvo moderado por Alejandra González Rodríguez, y, contó con la disertación del Jefe de Departamento de Atención y Participación Ciudadana Corporación de Asistencia Judicial de Chile, Raúl Paillaleve Almonacid; la Directora del Centro de la Familia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Carmen Aída Domínguez Hidalgo; y el Consultor del programa Eurosocial II- Acceso a la Justicia y Especialista en Gestión y Organización Judicial, Héctor Mario Chayer.
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