Baldomar: “No hay que hablar de transferencia sino de devolución de competencias”
Así lo sostuvo el juez y consejero de la Magistratura de la Ciudad, Ricardo Baldomar, en el marco del encuentro organizado por el Centro de Formación Judicial para analizar la temática de la transferencia de competencias de la justicia nacional a la local. Francisco Quintana, Julio De Giovanni, Enrique Paixao y Francisco D’Albora, expusieron sus visiones.
Con motivo de los 15 años del Centro de Formación Judicial se celebró el pasado 24 de junio en el Salón Eva Perón de la Legislatura de la Ciudad un encuentro para debatir y analizar el proceso de “Transferencia de Competencias” de la justicia Nacional a la competencia local.
Tras la bienvenida y presentación efectuada por el Secretario Ejecutivo del CFJ, Eduardo Molina Quiroga, el juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas y consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo Baldomar, tomó la palabra planteando la necesidad de modificar el discurso para cambiar la realidad.
“Hay que cambiar los términos que utilizamos, no hay que hablar más de transferencia sino de devolución de competencias. Las competencias no son de las instituciones, son de las personas. A los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires nos tienen que devolver lo que es nuestro, lo que es de la gente”, subrayó Baldomar.
En su exposición, el juez y consejero remarcó las diferencias que viven los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. “Los porteños somos los únicos habitantes de los 24 distritos federales que no tienen superior en aquellas causas de competencia ordinaria, los recursos en la justicia nacional caen en la Corte Suprema de Justicia pero sin pasar por un superior local, como ocurre en cualquier otra provincia. También son los únicos ciudadanos que no eligen ni directa ni indirectamente a los jueces que resuelven casos de competencia ordinaria; a los jueces nacionales los designa el Congreso, integrado por representantes de los habitantes de todo el país, y no un parlamento conformado por representantes del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires”, expresó.
Y concluyó: “Exhorto a la Legislatura de la Ciudad que apruebe el Tercer Convenio para incrementar las competencias de la justicia local y también el proyecto de Justicia Vecinal”.
Seguidamente, el Francisco D’Albora, director General de Asuntos Penales de la Procuración General porteña, centró su análisis en las competencias locales en materia penal , y el convencional constituyente de 1994 Enrique Paixao, criticó la Ley que reglamentó el artículo 129 de la Constitución Nacional (Ley Cafiero) y sostuvo que debido a ella “la nación mantiene competencias que no le son propias”.
“La autonomía plena es un hecho inexorable. El sistema de transferencias algún día será superado, pero a pesar de esto hay dos hechos negativos y recientes, la creación de la Cámara de Casación Penal que se pone de contramano con la cláusula constitucional nacional, y la creación de las cámaras de casación de materias ordinarias que no fue cuestionado como sí lo fue la reforma del Consejo de la Magistratura”, destacó Paixao.
El director de la Unidad de Implementación y Seguimiento de las Políticas de Transferencia de Competencias, Julio De Giovanni, subrayó que “ya no se piensa en seguir transfiriendo competencias sino en traspasar en bloque las competencias junto con los jueces, edificios, presupuesto, etc.”.
“Hubo que agudizar el ingenio para lograr el reconocimiento de nuestra facultad de jurisdicción, y de ese trabajo de ingenio y voluntad política surgió el Primer Convenio de Transferencias de Competencias Penales, a partir de este convenio, se le reconoció a la Ciudad la competencia ordinaria en materia penal, perforando así la Ley Cafiero. Luego vino el Segundo convenio y la sanción de la Ley 26702, aún pendiente de aprobación en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires”, relató De Giovanni.
“La Legislatura puede hacer una escala y aprobar esta ley convenio en etapas, para que se efectivice la transferencia de las competencias que incluye de forma escalonada. El gasto para afrontar estas nuevas competencias ya está hecho con la ampliación de estructuras y designación de fiscales y defensores penales, que son el alma mater del sistema acusatorio. Yo también exhorto a la Legislatura a que vote prontamente la Ley 26702 y trabajaremos hasta lograrlo”, finalizó.
En representación de la Legislatura, Francisco Quintana, en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia del parlamento porteño, reconoció que “uno de los temas centrales aún pendientes, es el efectivo ejercicio de la autonomía, pero no sólo en materia de justicia, también en transporte y seguridad, por ejemplo”.
“Estamos convencidos que tenemos que trabajar en pos del Tercer Convenio de Transferencias de Competencias Penales, pero entendemos que deberían analizarse los mecanismos para su aceptación. Estamos trabajando para aceptar algunos delitos para seguir avanzando en la autonomía”, informó el legislador a modo de cierre del encuentro.
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