Venta ilegal: Ordenan allanamiento de dos depósitos de mercadería en Caballito
En el marco de la lucha contra la venta ilegal en el espacio público, la Justicia porteña autorizó dos allanamientos de inmuebles en el barrio de Caballito utilizados por “manteros” como viviendas y depósitos de mercadería. Se secuestraron más de 100 bultos con productos para su comercialización en las inmediaciones de las avenidas Acoyte y Rivadavia.
El juez Carlos Aostri, subrogante del juzgado N° 18 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, ordenó allanamientos simultáneos a realizar este viernes 29 de enero en dos inmuebles ubicados en las calles Hipólito Yrigoyen 4245 y Otamendi 165 del barrio porteño de Caballito. La medida fue dispuesta por el magistrado con el objeto de individualizar a todos los ocupantes y proceder al secuestro de toda mercadería destinada a la comercialización en puestos de venta en la vía pública de manera ilegal, en particular ropa, juguetes, cinturones, anteojos y “bijouterie”. Además, el juez autorizó el secuestro de artefactos informáticos y documentación que resultase de interés para la investigación iniciada por la Fiscalía 35, a cargo de la fiscal Celsa Ramírez, y la totalidad del dinero hallado y que pudiera ser producto de la explotación de la actividad ilícita en cuestión.
En lo resuelto, el juez Aostri también ordenó que se determine el número de abonado y número de IMEI de cada uno de los teléfonos celulares que fuesen hallados estableciéndose a qué persona le corresponde cada uno, la existencia de líneas de teléfonos fijas en cada uno de los domicilios y en su caso, a qué número corresponden; y las condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene de cada uno de los inmuebles utilizados como depósitos.
Los allanamientos se llevaron a cabo a partir de las 5 de la mañana, y como resultado se secuestraron más de 100 bultos con mercaderías y se identificaron a más de 60 personas que también vivían en esos domicilios.
De acuerdo con las pruebas recopiladas por la Fiscalía 35 Penal, Contravencional y de Faltas, los inmuebles allanados “funcionan como vivienda y depósito de mercaderías de “manteros” del barrio de Caballito, los cuales diariamente se instalan con puestos de venta callejeros en inmediaciones de la Av. Rivadavia y Acoyte a fin de vender sus mercaderías en la vía pública de manera ilegal, en infracción al artículo 83 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Este establece que “quien realiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, es sancionado/a con multa de doscientos a seiscientos pesos», y que «quien organiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, en volúmenes y modalidades similares a las del comercio establecido, es sancionado/a con multa de 5.000 a 30.000 pesos”.
“Por toda la prueba recabada por la Sra. Fiscal y por considerar que estamos frente a la posible comisión de una contravención, es que haré lugar a los allanamientos solicitados”, expresó el juez Aostri en su resolución.
Los allanamientos fueron realizados por el Ministerio Público Fiscal en colaboración con la Policía Metropolitana. Además, participaron del procedimiento personal de diversos organismos del Gobierno de la Ciudad, entre ellos: la Dirección General de Espacios Públicos; la Dirección General de Fiscalización y Control; la Dirección General de Protección del Trabajo; la Dirección General de Minorías y Garantías; la Dirección General de Tránsito; la Dirección Nacional de Migraciones y de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos AGIP-CABA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con la coordinación del personal destacado del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal.
El personal policial fue autorizado por la Justicia a practicar requisas personales de quienes fuesen ubicados en los domicilios allanados y a colocar la mercadería secuestrada en bolsas para la posterior confección de un inventario. El juez Aostri también autorizó el registro fílmico y fotográfico de los procedimientos y el uso de la fuerza pública “en lo estrictamente necesario”.
En tanto la fiscal Celsa Ramirez, sostuvo que “se pudo constatar que existe una organización que trasladaba todos los días esos productos en varios vehículos hasta los puestos callejeros en la avenida donde era comercializada». Desde la Fiscalía también informaron que las investigaciones arrojan que, además de la posible organización que actúa de manera coordinada infringiendo sistemáticamente el artículo 83 del Código Contravencional, se cometen delitos como evasión tributaria y lavado de dinero.