Premio internacional para jurisprudencia de la Ciudad
Una sentencia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad fue elegida por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos como la ganadora del concurso «Justicia y Convencionalidad». «El premio es, sin lugar a dudas, un importante reconocimiento para la labor de todo el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires», destacó el juez Pablo Mántaras, autor del fallo ganador.
El titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°3, Pablo Mántaras, obtuvo el primer lugar de los premios «Justicia y Convencionalidad» otorgados por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos el pasado 7 de agosto en San Juan de Costa Rica, por una sentencia de su autoría en la cual se resuelve una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo de una solución habitacional adecuada y suficiente, invocando la existencia de una lesión derechos constitucionales al debido proceso, a la vivienda, a la salud y a la dignidad.
El jurado del concurso, integrado por los destacados juristas Santiago Cantón, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Florentín Meléndez y Eugenio Raúl Zaffaroni, valoró los fundamentos de la sentencia de primera instancia de la causa PIO WALDEMAR JONATHAN VS. GCBA, premiando al juez Pablo Mántaras con una beca completa para asistir al 33° Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos del IIDH que tendrá lugar del 31 de agosto al 11 de septiembre.
«El premio es, sin lugar a dudas, un importante reconocimiento para la labor de todo el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos jueces y defensores -como se explica en la sentencia galardonada- han tenido la valentía y sensibilidad suficiente para reconocer, casi desde su constitución, plena operatividad a los derechos sociales, realizando interpretaciones creativas y progresistas que han permitido avanzar decididamente hacia un pleno reconocimiento normativo de las condiciones inherentes a la dignidad del ser humano«, destacó el juez.
El concurso internacional creado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con la cooperación del programa “Derecho Internacional Regional y Acceso a la Justicia en América Latina», tiene la finalidad de promover la implementación y aplicación del control de convencionalidad en la administración de justicia en los países parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que hayan aceptado jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El control de convencionalidad obliga a los Estados a comparar el derecho interno con la normativa y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, integrándolo a las decisiones de los operadores de justicia en casos concretos.
El fallo de Mántaras se destaca, precisamente, por aplicar expresamente el control de convencionalidad, a través de la categorización de los derechos sociales según el sistema internacional de derechos humanos, en particular los instrumentos vinculados a la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las Observaciones Generales del Comité DESC.
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