Ordenan ingreso conjunto del SAME y la Policía Metropolitana en las villas porteñas
La Justicia porteña dispuso que los llamados de auxilio médico requeridos por habitantes de todas las villas y asentamientos precarios ubicados en la Ciudad de Buenos Aires sean atendidos las 24 horas del día y hasta el lugar indicado, por ambulancias del SAME acompañadas de un móvil de la Policía Metropolitana.
La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, integrada por los jueces Carlos F. Balbín, Mariana Díaz y Fabiana Schafrik, resolvió por unanimidad, el último 11 de julio, ordenar al Gobierno porteño que preste “de manera permanente y durante las 24 horas del día servicio de emergencias en las villas, asentamientos, y complejos habitacionales precarios y carenciados de la Ciudad, hasta el lugar o domicilio requerido para el auxilio”. De acuerdo a lo dispuesto por la Cámara porteña, la asistencia ante emergencias médicas solicitadas en villas y asentamientos deberá ser efectuada “mediante ambulancias del SAME conjuntamente con un móvil de la Policía Metropolitana con dotación personal que estarán ubicadas en las tres áreas programáticas que el Ministerio de Salud ha establecido”.
Esta decisión fue tomada en el marco de dos expedientes conexos, uno en el que se solicitaba la intervención judicial con el fin de “hacer cesar la discriminación contra los habitantes de la villa 31 y 31 bis en el goce y ejercicio del derecho a la salud y a la vida”, disponiéndose a tal efecto la prestación irrestricta y oportuna del servicio de ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), y otra acción de amparo impulsado por la Asesoría Tutelar con un objetivo similar pero que abarque a todos los emplazamientos habitacionales precarios.
En la resolución dictada el pasado mes de julio, la Sala I de la Cámara CAyT aclaró que el alcance de una sentencia dictada el 16 de junio –en la que se dispone la medida cautelar que ordena la prestación permanente de emergencias con ambulancias del SAME acompañadas de un móvil de la Policía Metropolitana- no sólo abarca a la Villa 31 y 31 bis de Retiro, sino que incluye a todas las villas y asentamientos porteños.
En los fundamentos de la resolución se menciona un acuerdo alcanzado en el marco de otra causa entre el SAME y el Ministerio de Seguridad porteño para garantizar el servicio de emergencia en las villas y asentamientos de la Ciudad, pero se señala también la existencia de continuas dificultades en el ingreso de las ambulancias a los complejos habitacionales en cuestión.
Las juezas Mariana Díaz y Fabiana Schafrik, en la resolución firmada en el mes de junio, rechazaron el recurso de apelación presentado por el Gobierno de la Ciudad al considerar que “el propio Director del SAME resaltó en la audiencia llevada a cabo en este tribunal la necesidad de que exista un acompañamiento por parte de la Policía Metropolitana y otras fuerzas de seguridad para ingresar a las villas con las ambulancias del SAME”. Asimismo, plantearon que “el Ministerio de Justicia y Seguridad no sólo no dio cumplimiento al informe respecto a si podía proveer de un móvil a las tres áreas programáticas por un plazo de noventa (90) días (de conformidad con el compromiso asumido en la audiencia), sino que, por el contrario, ni acreditó ni justificó por qué la infraestructura de la Policía Metropolitana (…) no podría hacer frente a lo peticionado, sin desatender las tareas desplegadas en otras áreas por la mentada institución”.
Tras remarcar que “el derecho a la salud se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida y el principio de la autonomía personal”, y subrayar “la protección constitucional del derecho a la salud”, las camaristas señalaron que “el peligro en la demora” que se requiere para dictar una medida cautelar “se encuentra acreditado” por “la dificultad cierta y actual para el ingreso de las ambulancias a la villa”.
Ante esta situación, las magistradas definieron que el servicio de emergencias en las villas y asentamientos de la Ciudad, no deberá brindarse en los ingresos de los complejos habitacionales o zonas preestablecidas cómo ocurría habitualmente, sino hasta el lugar o domicilio requerido y siempre en conjunto con personal del SAME y la PM, para garantizar seguridad en la prestación de un “adecuado servicio profesional de la salud”.
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