Frente a la pretensión de ampliar la Corte Suprema
Columna de opinión publicada, el 18 de agosto de 2022, por el Consejero Juan Pablo Zanetta en el diario Clarín
Juan Pablo Zanetta, consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dos concepciones antagónicas sobre la Justicia y el Estado de Derecho se enfrentan desde hace un tiempo en Argentina. De un lado, quienes creemos que la Democracia y las Instituciones de la República se fundan en la división de poderes, en la supremacía de la ley y, muy especialmente, en la independencia del Poder Judicial por ser la última ratio en el control de constitucionalidad respecto de los actos de los otros poderes del Estado.
Del otro, quienes consideran que estas laboriosas conquistas de la humanidad, fundacionales de la libertad, la igualdad y el progreso, son rémoras del pasado. Entendiéndose los cultores de esta concepción como los únicos legitimados para definir y representar la voluntad popular. En esta mirada la Justicia deja de ser la encargada de velar porque los actos de gobierno sean fieles a los principios y mandatos constitucionales, para convertirse en el vehículo necesario que expresa y garantiza la imposición de los caprichos de las circunstanciales mayorías del momento.
Esta puja de concepciones se expresa claramente hoy en la disputa generada en torno a la reforma de la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El proyecto oficialista de aumentar a veinticinco los integrantes de la Corte, bajo el falso pretexto de establecer una “Corte federal”, tiene como único objetivo subordinarla completamente al poder político. Así, el Máximo Tribunal, dejaría de ser el fiel de la balanza para ser la pesa que inclina alguno de los platillos de esta.
La Corte Suprema ya es federal. Es el único tribunal creado por la Constitución Nacional y sus integrantes son designados por el Presidente con acuerdo del Senado. En la actualidad, uno solo de sus integrantes es nacido en la Ciudad de Buenos Aires.
La idea del oficialismo pretende instaurar una especie de Senado paralelo de carácter jurisdiccional, en donde se arbitren y negocien las soluciones judiciales. Es una iniciativa que desconoce de manera palmaria la naturaleza jurídica del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema en particular.
Lo que se busca es tener una Corte Suprema que deje de ser el custodio de la Constitución y las leyes, para convertirla en una institución que a través de sus fallos refleje los intereses y la voluntad de sus mandantes.
Los jueces y las juezas son nombrados prácticamente de por vida y son inamovibles. El Poder Judicial se cambia lentamente, por renuncia o por muerte; los que vienen van incorporando sus ideas y de esta forma se va construyendo una jurisprudencia sólida que va evolucionando a través de los años.
Esto permite que los ciudadanos y las ciudadanas, gocen de seguridad jurídica y puedan tener certeza sobre las reglas de juego respecto del desenvolvimiento de las relaciones jurídicas. Y en este sentido, está empíricamente comprobada la relación directa entre la calidad institucional y la prosperidad de las naciones.
La ex presidenta, acorralada en su laberinto judicial, ha desatado una tormenta contra el principal legado de su esposo. Efectivamente, fue Néstor Kirchner quien propició -con gran consenso social y político- el fin de la mayoría automática de la Corte y la vuelta paulatina a un tribunal de cinco miembros. Los cuatro actuales fueron designados y asumieron como muestra de una clara aquiescencia política. Diversas decisiones que no han caído bien en algunos sectores del oficialismo, motivan este absurdo proyecto de reforma.
Argentina no podrá emprender el camino del progreso mientras esté sometida a constantes embates contra las instituciones fundamentales del Estado de Derecho. Alcemos nuestras voces para impedir la conformación de una nueva mayoría automática.
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