Participación ciudadana para combatir la inseguridad
La problemática en materia de seguridad con una mirada democrática y preventiva fue eje de debate en una jornada celebrada en la Facultad de Derecho de la UBA, la cual contó con la participación del juez porteño Norberto Tavosnanska. Desmilitarización y sindicalización de las fuerzas de seguridad, y un esquema participativo de la sociedad, los puntos centrales de la exposición del magistrado del fuero Penal, Contravencional y de Faltas.
Con “La seguridad democrática en la formación de los estudiantes de derecho” como consigna, se realizó el pasado 18 de septiembre una jornada de debate en la Facultad de Derecho de la UBA. “No hay un proyecto de seguridad democrática”, dijo el juez porteño y profesor adjunto de Derecho Penal Norberto Tavosnanska, al iniciar su exposición destacando la importancia, en su calidad de docente adjunto de Derecho Penal de dicha casa de altos estudios, de instalar la temática de la inseguridad como una problemática a resolver, pero también a analizar en el ámbito académico tomando como punto de partida la relación de la seguridad con el sistema penal en general.
“La facultad está ofreciendo un discurso a sus alumnos, y en consecuencia a la sociedad, que la violencia tiene como única solución la vía punitiva; es decir la intervención de la policía, los jueces y los debidos fiscales, gente encerrada, luego condenada y cumpliendo condena a veces en encierro, a veces con el sistema de la condena condicional u otros instrumentos alternativos”, relató el magistrado.
Frente a la solución punitiva ante los conflictos delictivos, titular del juzgado N° 17 en lo Penal Contravencional y de Faltas planteó la necesidad de establecer nuevas miradas desde el plano académico en materia de seguridad y definió a la “participación ciudadana” como una de las opciones más viables para comenzar con este proceso de cambio hacia una política de seguridad democrática.
“Hay varias alternativas de participación comunitaria. Esta aquella corriente que la presenta como una relación entre los vecinos y el sistema de seguridad pública, donde el ciudadano es un vigilante observador que hace la denuncia. Pero hay otras corrientes que tienen que ver con las teorías de la prevención, y que plantea a la participación ciudadana como la colaboración entre sociedad y Estado, pero no solamente en un esquema vigilante, sino en un esquema de intervención de los vecinos como integrantes de la sociedad, y conocedores de una región con sus problemáticas propias”, señaló Tavosnanska.
En relación a las fuerzas de seguridad, el juez porteño sostuvo la necesidad de trabajar en “la desmilitarización y los nuevos debates incorporados, como la municipalización de la seguridad y la sindicalización”, debido a que los marcos normativos que poseen actualmente, datan de finales de los años `50 a principios de los ´70, y por ello tienen una base de militarización, que hoy en día es necesario modificar.
Como conclusión, se refirió a la seguridad democrática con una reflexión: “Parece una utopía. Pero también era una utopía cuando los organismos de Derechos Humanos en el inicio de todo el proceso de los juicios de lesa humanidad, tenían como objetivo inicial obtener 100 condenas a genocidas: hoy estamos en las 400 condenas. ¿Por qué no nos podemos animar a trabajar en este tema en el que estamos en cero y que está produciendo muerte todos los días? Si no trabajamos en esto se va a imponer el discurso punitivista, violento por parte del Estado y se van a crear condiciones, muy similares a la creación del enemigo de la época del terrorismo de Estado. No quiero que esto pase”.
El panel estuvo coordinado por la abogada y ex legisladora porteña María José Lubertino, quien sostuvo que es un gran desafío construir una política de seguridad con altos niveles de eficacia. Asimismo, manifestó que actualmente existe un desajuste del código procesal penal por el cual también hay una repetición de delitos.
A continuación, Cristina Caamaño Iglesias, ex Secretaria del Ministerio de Defensa, subrayó durante su presentación, la falta de una ley orgánica que unifique a las fuerzas federales. Al mismo tiempo, planteó la necesidad de modificar los límites de las comisarías para que coincidan con cada una de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires, y de esta forma evitar las complicaciones de los ciudadanos cada vez que deben acercarse a una dependencia policial, por desconocer qué comisaría está a cargo de esa jurisdicción.
La última disertación estuvo a cargo del vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales, Alberto Binder. Durante su exposición, señaló la existencia de un déficit en materia de seguridad, entre las que mencionó las condiciones laborales del personal de las fuerzas de seguridad, los efectos que producen los protocolos mal implementados, la ausencia de un plan de prevención del delito, la participación ciudadana como herramienta fundamental, los mercados de seguridad privada y su aprovechamiento del miedo de la gente, entre otros.
Una vez finalizada la exposición de los disertantes, se dio paso a un taller de intercambio con los alumnos presentes, en el cual se debatieron todas las cuestiones presentadas anteriormente por los integrantes del panel.
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