Corti y Delgado presentaron la publicación «Análisis de casos: Ejecución penal»

El extitular del Ministerio Público de la Defensa sostuvo que «esto uno lo puede ver en varias dimensiones: la primera, es la puramente normativa, es decir en la Ciudad hay alguna regla sobre la ejecución muy escueta (como sabemos) en el Libro Quinto del Código Procesal Penal, pero es algo muy básico. Y creo que como es una regulación normativa que entra dentro de las potestades locales, debiera tener la Ciudad una propia política de ejecución penal cuya primera forma de manifestación son las reglas de ejecución penal». «Mientras tanto, siguen vigentes las reglas de la Ley nacional, la 24660, que ya tiene bastantes años», agregó. «No hay en la Ciudad infrestructura penitenciaria. No hay establecimientos penitenciarios, de ahí que la Ciudad acuda por un lado a la Ley 24660 y por el otro para el cumplimiento de las sentencias; o para las medidas cautelares se utiliza el sistema penitenciario federal. Son personas detenidas en establecimientos que actúan sobre la base de políticas criminales que realiza otro orden jurisdiccional; y no el local, de acuerdo con su autonomía. Porque no es solamente una cuestión de espacio físico, es el tipo de política que se lleva en ese lugar», indicó.

Finalmente, Corti subrayó que «en el reclamo de autonomía hemos desarrollado una justicia penal con su Código Procesal Penal; pero al lugar donde conduce todo ese proceso penal, que es eventualmente una condena, todo lo que sucede después lo ha olvidado; porque no tenemos legislación, no tenemos una justicia especializada, no tenemos establecimientos federales, no hay un sistema de personal ni un sistema de formación de ese personal». «Lo cual me lleva a concluir que no hay una política pública del Estado de la Ciudad referida a la ejecución penal», criticó en el cierre de su exposición.

En su participación, Delgado celebró la edición de un nuevo número de la publicación y destacó que «es más oportuna que nunca, en una jurisdicción que en este momento está detonada en su situación penitenciaria, no tenemos cárceles pero tenemos alcaidías, que eran lugares de tránsito y se están convirtiendo en cárceles». Agregó que «hay gente que está hace ocho meses en las alcaidías». «Si uno pregunta dónde se tortura hoy en la Argentina, no hay centros clandestinos de detención, pero algo equiparable a una tortura es tener a una persona ocho meses en algo parecido a un ropero que es la celda de alojamiento en una comisaría vecinal o alcaidía de la Ciudad», criticó.

Refiriéndose al artículo que publicó en este nuevo número, el camarista adelantó que «comentó un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que además de tratar el problema principal de la región, y de Argentina, que es la sobrepoblación, el hacinamiento, es un fallo que además de diagnosticar, trae soluciones; por ejemplo, la solución en el fallo de las prisiones californianas iniciado por la asociación gremial del personal penitenciario de cárceles californianas, un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que ordenó reducir la población de 160% de sobrepoblación a 130% en dos años».