El pasado 5 de diciembre de 2025 se realizó, en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA, el Primer Encuentro de la Red de Juezas y Jueces Penales de la Argentina. La jornada se instituyó como el acto fundacional de la Red, concebida como un espacio abierto para presentar las líneas que la identifican y, sobre todo, para promover una reflexión profunda sobre el papel que debe asumir hoy el Poder Judicial
En el acto inaugural, la jueza de la Ciudad Natalia Ohman presentó la red y agradeció a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y especialmente al departamento de derecho penal a cargo de la Dra. Mary Beloff.
La jueza destacó que «quienes impulsan la conformación de la Red coincidieron en que la labor judicial no puede desarrollarse en soledad. Subrayan la necesidad de quebrar el mutismo que contrasta con la sociedad contemporánea y de promover, desde un trabajo colectivo, un diálogo permanente con la comunidad jurídica, la ciudadanía y los desafíos que impone nuestro tiempo para afianzar el sentido de la función jurisdiccional. La preocupación compartida que los convoca es la dificultad de ejercer plenamente la potestad jurisdiccional —ya sea por falta de recursos, por presiones externas o por condicionamientos que adoptan formas diversas en cada región del país—, junto a una convicción común: no quedarse en el diagnóstico».
El inicio formal del evento estuvo a cargo de la jueza porteña Karina Andrade, quien repasó el trabajo sostenido durante tres años por un grupo de magistrados del NOA. Recordó que: «la iniciativa fue impulsada inicialmente por Mario Juliano y el juez tucumano Mario Velázquez, en un proceso que constituye una parte esencial del origen de la Red». Y agregó que: «De manera paralela, jueces del fuero nacional y del fuero porteño —con fuertes vínculos con colegas de la Provincia de Buenos Aires por su labor académica, preocupaciones comunes y la realidad compartida del AMBA— comenzaron a advertir la necesidad de construir un espacio propio de articulación».
Andrade destacó el papel decisivo que tuvo como “espejo” la Red de Jueces de la Provincia de Buenos Aires, un espacio consolidado, con 25 años de trayectoria y una presencia significativa en la vida pública. Su experiencia ofreció referencias, aprendizajes y la certeza de que una articulación judicial amplia era posible. A este proceso se sumó también el trabajo que diversos magistrados del sur del país venían desarrollando en torno a las reformas procesales, con quienes existían lazos previamente forjados en la actividad académica. Así fue como la Red adquirió una dimensión verdaderamente federal.
En su intervención, la magistrada evocó a Carmen Argibay, quien definía el rol de la Corte Suprema como el “último bastión de defensa del Estado de derecho. Y si la Corte es el último, entonces quienes estamos aquí cumplimos ese rol en las etapas iniciales de los casos en los que nos toca intervenir”.
Por último Andrade remarcó «la importancia de que juezas y jueces se reconozcan como parte de un poder del Estado y se sientan resguardados en el cumplimiento de su función. La independencia judicial, no constituye un privilegio de los magistrados, sino una garantía para la ciudadanía y para la vigencia misma de la democracia». Y enfatizó también «el valor del asociacionismo judicial como expresión del diseño institucional previsto en los artículos 1 y 5 de la Constitución Nacional«.
La jornada contó con la participación de destacados expositores: el jurista español Perfecto Andrés Ibáñez, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y el profesor Maximiliano Rusconi, doctor en Derecho Penal y catedrático de la UBA.
Durante el encuentro, juezas y jueces de distintas provincias expusieron sobre diversos aspectos de la independencia judicial, abordada en sus dimensiones funcional, orgánica y procesal.
El cierre de las exposiciones estuvo a cargo del camarista de San Isidro, Leonardo G. Pitlevnik, profesor y doctor en Derecho Penal por la UBA.
La jornada culminó con la intervención del juez de Catamarca Rodrigo Morabito, quien dio lectura a los cinco ejes del documento fundacional en el que la Red reafirma:
- Compromiso de quienes la integran en la tarea diaria de construir un país más justo mediante un poder judicial cercano a las personas, atento a las realidades sociales y consciente de la responsabilidad que implica decidir sobre bienes jurídicos fundamentales, víctimas que demandan justicia y personas detenidas en contextos de colapso carcelario.
- Deber de aplicar la formación profesional y dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios para gestionar los conflictos penales conforme las legislaciones procesales y las constituciones que cada magistrada y magistrado juró respetar. Ello implica consolidar prácticas ajustadas al marco convencional y promover un modelo de enjuiciamiento que garantice la desconcentración de funciones y un control judicial suficiente y efectivo sobre los actos que puedan afectar derechos fundamentales.
- Defensa de la independencia judicial como garantía de todas las personas y afirmación de la debida fundamentación de las decisiones como presupuesto de un Estado constitucional de derecho.
- Rechazo a toda política que busque debilitar la función activa del Poder Judicial en su deber de ejercer el control de legalidad sobre las investigaciones policiales y del Ministerio Público Fiscal, así como a cualquier intento de condicionamiento mediante dependencia económica, pauperización institucional o mecanismos de designación subordinados a intereses partidarios.
- Necesidad de un poder judicial fortalecido, con jueces y juezas penalistas profesionalizados, en formación continua y con los recursos indispensables para cumplir adecuadamente su rol institucional.
En conclusión, este primer encuentro dejó en claro que la construcción de una Red de Juezas y Jueces Penales constituye un paso imprescindible para repensar, desde una perspectiva colectiva, democrática y federal, el lugar que debe ocupar el Poder Judicial en un Estado constitucional de derecho. La convicción compartida es que solo asumiendo plenamente esa responsabilidad será posible consolidar un Poder Judicial contemporáneo, cercano y a la altura de las exigencias de la sociedad a la que debe servir.
