Analizaron las contrataciones públicas de emergencia por COVID-19
En un encuentro virtual, el camarista Carlos Balbín expuso su mirada sobre la coyuntura de las contrataciones en el sector público
El presidente de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, Carlos Balbín brindó su mirada en una jornada organizada por el Centro de Estudios sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que preside en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Con más de cien asistentes que permanecieron conectados durante el encuentro que se desarrolló este jueves 24 a partir de las 15, el magistrado comenzó por alertar que «Argentina vive en emergencia permanentemente«, y lo ejemplificó con la Ley de Emergencia que «aprobó (en su momento) Eduardo Duhalde cuando era presidente, y que se prorrogó innumerables veces». Recordó luego que «durante el año 2018 no estuvo vigente, después de casi dos décadas». Al respecto, puntualizó que «el sistema de las contrataciones es un sistema devaluado, porque nace simplemente de una ley que le otorga al presidente la potestad de crear el marco regulatorio y por tanto las contrataciones se regulan a través de un decreto».
Acerca de la actualidad, advirtió que «el presidente decidió no aplicar el marco regulatorio ordinario, ni siquiera los capítulos excepcionales de este». «Tengamos presente que ese marco ordinario le permite al Estado contratar directamente en caso de urgencia o emergencia, y que por tanto, el Estado podría haber hecho uso de estas herramientas para llevar adelante las contrataciones en este periodo», sintetizó. «Sin embargo, dejó de lado ese marco ordinario con piezas extraordinarias para crear un nuevo marco regulatorio», completó.
Luego, habló acerca del contexto y reiteró que «hay una devaluación del modelo institucional, en el sentido de que en el marco regulatorio en materia de contrataciones estatales es construído por piezas jurídicas inferiores, no por la ley ni por decreto, sino por decisiones o simples resoluciones». Puntualizó sobre las contrataciones de emergencia por COVID-19 que «marcan en primer lugar, justamente esa devaluación, que significa reconocer mucho mayor poder discrecional a los órganos inferiores de la administración pública». «Ya no decide el legislador, no decide el presidente con responsabilidad política, sino que deciden órganos inferiores», sintetizó.
Con respecto al control, subrayó que debiera fortalecerse y señaló que «es otro de los déficits, creo interesante analizar las contrataciones públicas de la emergencia más allá del capítulo puntual, en un contexto más general que nos marca una tendencia crítica -entiendo- en cuanto a la anomia, a la no creación y no aplicación de las reglas». Y advirtió sobre las consecuencias institucionales. Agregó que «uno de los déficits mayores es la incapacidad de haber aprobado una nueva Ley de Administración Financiera del Estado, ya que la ley que rige actualmente es anterior a la reforma constitucional de 1994, que incorpora a la Auditoría en el marco constitucional». «Y nosotros como sociedad, hemos sido incapaces de aprobar una ley posterior, que sea más más razonable en términos de control», añadió.
Abordó otro capítulo «más allá de la persecución penal o de las observaciones a partir de las irregularidades estatales que es la reparación pecuniaria«. «El recupero de los bienes o de los perjuicios que se causa al Estado (o sea, a todos nosotros), por el pago de sobreprecios en las contrataciones. Este es un capítulo que prácticamente no se trabaja y que creo que también es muy importante», completó.
Por último, analizó si se puede o no desdoblar contrataciones en el contexto de la pandemia, y al respecto, respondió que no, producto de una recomendación de la Oficina Anticorrupción. Finalmente, Balbín abogó por el fortalecimiento del control.
Del conversatiorio, participaron -entre otros- el exministro de Economía y actual integrante de la Auditoría General de la Nación, Jesús Rodríguez.-
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