«La aplicación de la norma que proteja mejor la dignidad de la persona es la clave del control de convencionalidad»
Así lo aseguró el juez Marcelo López Alfonsín, durante su exposición en el marco del II Congreso Mundial de Justicia Constitucional destacando rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su jurisprudencia en materia de protección de derechos. El magistrado porteño disertó junto a juristas de Brasil, Colombia y México sobre “Beneficios e inconvenientes en el control de convencionalidad difuso y concentrado”.
En el marco del II Congreso Mundial de Justicia Constitucional celebrado en la Ciudad de Buenos Aires entre el 25 y el 28 de agosto, el titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°18, Marcelo López Alfonsín, participó de un meeting junto a disertantes latinoamericanos en el cual se abordaron cuestiones referidas a los “Beneficios e inconvenientes en el control de convencionalidad difuso y concentrado”.
Ante el público congregado en el Salón Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación, el juez porteño inició su exposición enumerando una serie de beneficios dentro del sistema de control de convencionalidad, destacando «la ampliación de las fuentes del derecho» como uno de los principales elementos positivos al conjugar «el derecho constitucional con sus principios de supremacía -bloque de constitucionalidad- y el llamado Derecho Internacional de los Derechos Humanos».
“Realmente si pensamos en los últimos 30 años en lo que ha significado el crecimiento de la ampliación de derechos en este aspecto, gracias a la ampliación de fuentes en todos nuestros sistemas internos y en nuestros sistemas constitucionales, es espectacular”, afirmó López Alfonsín, resaltando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es «interprete de todos los instrumentos internacionales de protección de los DD.HH.» generando “una amplitud muy fuerte” en lo respectivo al cuerpo normativo vigente en el sistema jurídico argentino.
Como segundo beneficio, el magistrado resaltó «el diálogo a nivel jurisdiccional entre las Cortes Supremas o los Tribunales Supremos, y con la Corte Interamericana, lo que ha significado un enriquecimiento de la jurisprudencia desde la perspectiva del derecho comparado». «Con la ampliación de fuentes y con el diálogo entre supremos, la ampliación del corpus iuris (Cuerpo de Derecho) latinoamericano, en materia de protección de derechos es inmenso. Esto ha significado una extensión del garantismo a favor de la protección de los derechos humanos que creo que es claramente un beneficio«, remarcó.
Ante la posibilidad de algún conflicto entre el cuerpo normativo interno y el derecho internacional en materia de Derechos Humanos, López Alfonsín subrayó que la aplicación del control de convencionalidad debe regirse por el «principio pro hómine». «Cuando hay alguna contradicción en cuanto a cómo interpretar la extensión de un derecho entre lo que dice el derecho interno y el derecho internacional, debemos optar simplemente por aquel que lo proteja mejor, tan sencillo como eso. El principio pro homine, la aplicación de la norma que proteja mejor la dignidad de la persona humana es la clave del control de convencionalidad. Creo que es uno de los aportes mas importantes y uno de los beneficios que ha traído el control de convencionalidad a la tradición latinoamericana; una tradición latinoamericana que, en materia de derechos humanos, en la región salvó vidas«, subrayó.
Y agregó: «La Comisión Interamericana, que arranco siendo un órgano de promoción, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano de protección, son dos órganos de protección que siguen jugando en un modo dialéctico a favor de las victimas y la dignidad de las personas en este continente que todavía tiene muchas asimetrías y asignaturas pendientes»
Tras mencionar las ventajas, el juez López Alfonsín señaló una serie de desventajas que se desprenden de este control de convencionalidad.
“La responsabilidad internacional del Estado es distinta que la que existe en el Estado en el foco interno, y a veces confundimos estas cosas”, puntualizó argumentando que se generan dificultades en los operadores jurídicos por «este doble sistema de fuente del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno” principalmente en lo que respecta a la ejecución de sentencias. Otra desventaja marcada se vincula con el diálogo entre el sistema interamericano y los sistemas constitucionales. «Cualquier diálogo si no tiene una definición puede llegar a ser eterno. Si no tenemos claro quien es el que tiene la última palabra se puede transformar en un diálogo sin resolución«, afirmó.
Autoproclamado como “firme partidario de un control de convencionalidad”, el magistrado porteño reconoció que existen problemas de legitimidad en los órganos de protección del sistema interamericano de Derechos Humanos, centrados, por ejemplo, en las integraciones de la Corte Interamericana las cuales se votan conforme a intereses diplomáticos sin participación de la sociedad civil.
Para finalizar, el juez destacó entre el cuerpo normativo amplio que integra el derecho internacional en materia de Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana aprobada por la Asamblea de la OEA el 11 de septiembre del año 2001. «Sería muy bueno que todos los gobiernos de América Latina lean a lo que se comprometieron cuando firmaron esta carta para que entiendan lo que significa la protección de la defensa de la libertad de expresión, entre otras cosas, como características centrales de un sistema democrático que no es solamente el de la regla de la mayoría sino que es el de respeto a los derechos fundamentales«, sostuvo.
“Si en vez de pensar en quién tiene la última palabra, si en vez de pensar en tantas cosas, pensamos que un juez cada vez que aplica el derecho, aplica un derecho vigente que está formado por todo ese cuerpo iuris amplio que mencioné, en realidad lo que está haciendo es ejercer un test de cuál es la norma que debe aplicar para proteger mejor la dignidad de la persona humana. A lo mejor ahí superemos entonces estas desventajas”, concluyó.
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