La transferencia consolidará la autonomía
La ciudad adoptó diferentes cursos de acción en relación al traspaso de competencias; como mera ejemplificación cabe consignar que respecto de la policía creó la propia, la que ha incrementado en capacidades paulatinamente. En orden al poder judicial aprobó los primeros dos convenios de transferencias progresivas de competencias penales. Y así se dieron otras situaciones diferenciadas, por solo mencionar otro supuesto, en cuanto al Metrobús.
Se advierte, sin embargo, que se adoptó un criterio político que no alcanza para asegurar seguridad y justicia autónomas.
Uno de los criterios rectores en lo que atañe al fuero fue que la transferencia se implementara progresivamente, en el entendimiento de que ello no producía colisión con la norma constitucional.
En este estado de cosas, el Congreso Nacional dictó hace tres años la ley 26.702, encontrándose pendiente el dictado de una ley por parte de la Legislatura local que acepte la transferencia de competencias penales que la primera contempla.
Resulta indudable que la autonomía es una construcción política, cuya concreción se encuentra demorada. Uno de los mayores reparos opuestos es el que relaciona la transferencia con la asignación de recursos, lo que implica también un posicionamiento filosófico antes que jurídico sobre el orden de prelación de valores en cuestión. Su superación evidentemente supone una búsqueda no siempre sencilla de consensos políticos.
Sin embargo, la decisión anunciada por el Sr. Jefe de Gobierno ante la Cámara que integra el fuero en el sentido de aceptar el traspaso que implican los tipos penales incorporados a la ley nacional 26.702, hace presumir, conforme los antecedentes históricos, que sumado a las fuerzas políticas que se vienen expresando en este sentido y solucionadas cuestiones instrumentales –no menores- estamos a las puertas de la sanción de una ley en tal sentido.
Parece innecesario señalar que ello, además de consolidar la autonomía, redundará en beneficios para los justiciables en varios aspectos, principalmente por la existencia de una mayor proximidad y número de las autoridades policiales y judiciales que harán frente a sus problemas.
* La autora es Presidenta de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.
Publicada originalmente en el suplemento “Magistratura de la Ciudad” del diario BAE el 27/10/14.
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